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Ciudad de México. María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (Femcc), afirmó que “nuestros objetivos los tenemos muy claros: combatir los actos individuales, pero sobre todo avanzar en el desmantelamiento del Estado corrupto. Para eso hemos trazado estrategias contra la corrupción sistémica que afecta a la sociedad en su conjunto; si pudiéramos acabar con todos esos contratos que no son benéficos para el país, simplemente, por ejemplo, no necesitaríamos la reforma eléctrica”, porque se firmaron acuerdos que no son a favor de los interés del Estado mexicano.
En entrevista con La Jornada, la funcionaria dijo que entre los resultados obtenidos por esta área de la Fiscalía General de la República (FGR) se puede señalar que de diciembre 2021 a julio de 2022 se han finalizado siete carpetas de investigación mediante acuerdo reparatorio que han permitido la recuperación de 13 mil 310 millones 304 mil 910 pesos.
“El acuerdo de mayor monto representó un ahorro de 299 millones 60 mil dólares (equivalente a 6 mil 113 millones 474 mil 299 pesos) para Pemex, dado que la imputada se obligó a cumplir obligaciones pendientes por ese monto”; este caso se refiere a la fallida adquisición de carros tanque durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director de la petrolera.
“Además, derivado de una carpeta de investigación iniciada en esa fiscalía, Pemex logró la firma de un acuerdo reparatorio trasnacional por 351 millones 997 mil 142 dólares, equivalente a 7 mil 195 millones 631 mil 175 pesos.”
Mijangos Borja habló de la posibilidad de crear áreas específicas que indaguen –en coordinación con otras fiscalías– grandes casos de corrupción, como el llamado cártel de la sangre, que involucra a empresas dedicadas a vender insumos de laboratorio y para bancos de plasma en el que simulan actos de competencia.
También el otorgamiento de contratos multianuales por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex con empresas que no prestan sus servicios, pero cuyos convenios están hechos de tal manera que el gobierno debe seguir pagando porque así lo acordaron anteriores administraciones, además de perseguir casos de defraudación fiscal a gran escala o la obtención de pensiones por montos ilícitos gracias a redes de connivencia.
La primera fiscal anticorrupción en el país reveló que para avanzar en sus fines trabaja en “una restructuración que permita investigar, a través de áreas específicas y de manera integral, casos en lo que ha denominado sectores estratégicos de la nación, como Pemex y CFE”.
De la misma forma en el ámbito económico, “donde los servidores públicos se coluden para realizar, entre otros ilícitos, defraudación fiscal por montos millonarios, y se busca integrar un área que atienda los temas de impacto social que afectan todos los espacios humanos, como el uso de los recursos destinados a programas sociales y de salud”.
En sus tres años de existencia, esta área que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo que empezar de cero: “sin asuntos, pero también sin personal, sin ministerios públicos, sin ningún lineamiento específico ni nada. El primer año fue el reto más grande porque se construyó el modelo que queríamos de fiscalía”.
“La competencia de la fiscalía en cuanto a los delitos que puede perseguir tiene un título específico en el Código Penal Federal, que incluye 12 delitos, y hay cosas que no encuadran en nuestras atribuciones, por ejemplo, cuando son temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por ello se trabaja en lo que nos corresponde y las otras conductas ilícitas se envían a diferentes áreas de la FGR.”
A pesar del reto y sus objetivos, la Femcc cuenta con 118 servidores públicos, no es de las más grandes de la Fiscalía. “Eso sí, 82 por ciento del personal es de carácter ministerial, es decir, están dedicados a investigar delitos de corrupción. Además, es un área donde existe la equidad de género, pues somos 52 por ciento mujeres y 48 por ciento hombres, aquí todos nos apoyamos”.
Mijangos mencionó que las limitaciones que impone el Código Penal Federal ha generado que su área determine muchos casos por incompetencia de otras, “lo cual no significa que haya impunidad, pues se transfieren adonde correspondan. Aun así, esa fiscalía ya tiene 111 carpetas judicializadas y ya se logró la primera sentencia condenatoria” el pasado 28 de junio en contra de Roberto Cabrero Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda por haber entregado ilegalmente 49 mil registros genéticos a la empresa ADN México.
“Atendemos por igual grandes casos que asuntos en los cuales se involucran a funcionarios o ciudadanos que reciben recursos federales, aquí lo importante es no defraudar al ciudadano. Estamos para combatir y dar el mensaje de que no hay corrupción permitida.
“Por eso, con la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, la fiscalía ha alcanzado 33 acuerdos reparatorios que significan la devolución de recursos entregados a empresas o particulares y no cumplieron con los contratos. No todo se resuelve llevando a prisión a los involucrados, lo importante es frenar esos actos que afectan a la sociedad y recuperar los recursos que se les otorgaron.”
Como ejemplo, está el caso de empleados de instituciones de salud que en el momento más álgido de la pandemia sustrajeron mascarillas de uso médico y tras acreditarse su responsabilidad se estableció el monto del daño causado y se acordó el pago correspondiente.
“De igual manera se investigó otro caso relacionado con montos muy onerosos y que tienen tanto Pemex como CFE de los contratos celebrados en la época neoliberal y que debían mantener, se cumplieran o no con los términos. Son de esos acuerdos en lo que las empresas productivas, sobre todo Pemex y CFE, quedaban obligadas a cumplir.
“Se trata de la empresa Ductos del altiplano, tenían contratado a partir del 27 de octubre de 2008 transportación de gas licuado de Poza Rica al Altiplano. Cuando llega esta administración se da cuenta que está pagando mensualmente por servicios que no se cumplen. Pero había cláusulas que no permiten a nuestras empresas rescindir los contratos. Eso es combatir la corrupción sistémica”.
–¿La fiscalía a su cargo mantiene abierta una investigación en contra del ex dirigente sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps?
–En este caso, lo que se puede decir y que es público, es que hay denuncias diversas. Y esta fiscalía lo investiga por enriquecimiento ilícito, no como líder sindical, sino como senador de la República entre 2012 y 2018. Este periodo que sería el que no estaría prescrito y tiene derecho a explicar si sus recursos tienen origen lícito.