El paquete legislativo plantea penas de hasta 12 años de prisión a permisionarios de combustible y bloqueos temporales a empresas «factureras» para blindar el erario.
Cuerpo de la nota: El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas de ley encaminadas a endurecer el combate contra el tráfico ilegal de combustibles y la evasión fiscal, mediante el monitoreo en tiempo real de los volúmenes de venta en gasolineras y la detección oportuna de empresas que emiten comprobantes fiscales apócrifos.
Las propuestas legislativas se integran al paquete anticorrupción impulsado por el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla la modificación de 19 ordenamientos legales y la creación de dos normativas para vigilar el ejercicio del gasto público y transparentar los procesos de contratación estatal.
La primera iniciativa modifica el Código Fiscal de la Federación y leyes conexas en materia de hidrocarburos para obligar a las autoridades hacendarias y del sector energético a notificar en un plazo no mayor a 24 horas cualquier irregularidad entre los volúmenes de combustible adquiridos y comercializados por los centros de abasto.
Asimismo, la propuesta crea dos nuevos tipos penales para sancionar la «discrepancia volumétrica no justificada» en estaciones de servicio, independientemente de si el producto fue despachado al consumidor final. Dicha conducta se castigaría con penas de 6 a 12 años de prisión y multas que van de 10 mil a 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango entre 1.1 y 1.7 millones de pesos. De igual forma, se tipifica la venta en vía pública o predios no autorizados («huachicol de barril») con penas de 6 a 10 años de cárcel y multas de hasta 1.1 millones de pesos, fijando un límite de 48 horas para que los jueces resuelvan el aseguramiento de bienes.
Respecto al control tributario, la segunda iniciativa faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para restringir temporalmente la emisión de certificados fiscales a empresas que en los últimos tres ejercicios hayan facturado montos superiores a su capacidad económica real o incumplido obligaciones como el IVA. La medida extiende la fiscalización a sindicatos, gobiernos estatales y municipios, haciendo responsables a los servidores públicos o dirigentes que autoricen erogaciones amparadas en facturas falsas.
Fuente: Cámara de Diputados | © Redacción NoticiasPV Nayarit