Países como Bolivia, Costa Rica y Ecuador podrían servir de experiencia a la hora de aplicar una política de amnistía e indulto.
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La justicia no es justicia, porque criminaliza la necesidad, condena el hambre y sentencia la ignorancia. Estas no son palabras de un filósofo moderno, sino de Beatriz Maldonado, una mujer que aparenta poco más de 40 años y que fue hasta el Senado mexicano a pedir que liberen a las mujeres acusadas de narcotráfico.
La historia de ‘Betty’, como también la llaman, es una historia de amor ciego, pero también un claro ejemplo de lo que lleva a algunas mujeres a involucrarse en delitos de drogas en un contexto de violencia, como el que prevalece en tantas comunidades de México.
Beatriz Maldonado explica que tenía trabajo en una empresa, pero una poderosa circunstancia le llevó a tomar una decisión que le cambiaría la vida tanto a ella como a su familia. Su esposo en ese entonces era usuario de drogas, y cada vez fue consumiendo más y más hasta que se vio obligado a pedir prestado para seguir consumiendo.
“Apistolaron a mi nietecita”
El dolor de ver a su esposo en una adicción y las deudas que contrajo no fueron lo que rompió la vida de Betty. “Cuando me fueron a notificar que mi esposo tenía una deuda apistolaron a mi nietecita que tenía 3 años“, cuenta la mujer una mañana de miércoles en el Senado mexicano.
Con esa imagen que la marcaría de por vida, Beatriz fue con la persona que vendía esa droga y le dijo que ella ahora se dedicaría a despachar hasta saldar la deuda de la persona que amaba en ese momento.
Así lo hizo hasta un fatídico día de 2009, cuando la detuvieron junto con su esposo y su hijo. A su pareja, lo sentenciaron a 7 años y 8 meses; a su hijo, de 20 años, le dieron 5 años y 1 mes pese a que, según afirma, solo había ido a recoger unas llaves a casa de su mamá; y a ella, que lo dejó todo para proteger a su familia, la sentenciaron a 6 años y 3 meses de prisión.
Beatriz se declaró culpable de delitos de drogas y fue llevada al penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalaba de Ciudad de México, y luego a la temida cárcel federal de Islas Marías, enclavada en un conjunto de ínsulas localizadas en el Océano Pacífico y que ahora están en proceso de convertirse en santuario ambiental y cultural.
Tres años después de que cumplió su condena, Betty aún se sorprende de cómo “un monstruo puede arrancarte lo que tenías, que era tu familia”. Más, cuando fue “por salvar a una persona que ya no te amaba”, dice la integrante de la Red por la Justicia.
Mujeres en prisión
Entre 2014 y 2016, el número de mujeres que ingresaron a prisión por el delito de narcomenudeo en México se incrementó en 103,3 %, según cifras de la organización Equis: Justicia para las Mujeres. Actualmente, hay 3.018 en prisión por estos ilícitos. Para entender el perfil de estas mujeres privadas de su libertad basta con ver que 9 de cada 10 nunca habían sido juzgadas por un delito.
Betty se siente culpable por haber llevado a su hijo a prisión, pero también porque dejó desprotegidos a un hijo de 15 años, a su hija y su nieta, quienes se quedaron en casa tratando de salir adelante sin sus padres. Como Beatriz Maldonado, 8 de cada 10 mujeres privadas de su libertad tienen al menos un hijo.
El encarcelamiento de mujeres por delitos menores de drogas, en la gran mayoría de los casos cometidos sin violencia, impacta también a sus familias, como le sucedió a ella. “Así le pasó a muchas compañeras, por ayudar a sus esposos, por la necesidad, por estar enfermas, ellas también cometieron la mala decisión de vender droga”, cuenta.
#LiberarlasEsJusticia
En el Senado mexicano, Betty, en compañía de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Equis: Justicia para las Mujeres, lanzaron una campaña llamada #LiberarlasEsJusticia con el objetivo de pedir al Estado mexicano “revertir una política de seguridad que ha causado mucho daño y liberar a quienes no tendrían por qué estar privadas de la libertad”.
Las organizaciones creen que es un buen momento para liberar a las mujeres privadas de su libertad por delitos de drogas, no solo por los daños que conlleva su encarcelamiento y el nulo impacto que tiene su detención en la lucha contra las organizaciones criminales, sino porque el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en enero de este año el fin de la “guerra contra el narcotráfico” que inició el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa en 2007, dejando una ola de violencia sin precedentes en la historia moderna.
Como parte de una reformulación en el combate al narcotráfico, López Obrador ha planteado levantar la prohibición de ciertas drogas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir el trasiego para aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación. Además, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que revisarán los expedientes de personas acusadas y sentenciadas para determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto.
Si finalmente el Gobierno de López Obrador aplica una política de amnistía e indulto en delitos de drogas, podría optar por rescatar las experiencias en el tema que han aportado países como Bolivia, Costa Rica y Ecuador.
Bolivia
Entre 2012 y 2018, el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó seis iniciativas de indulto, reducciones de pena y amnistía para reducir el hacinamiento en prisión. Entre las poblaciones beneficiadas, estuvieron ofensoras que no habían cometido delitos previamente, mujeres embarazadas, jefas de familia y personas con discapacidades.
Hasta septiembre de 2018, 1.555 mujeres se habían beneficiado de las medidas de indulto, reducciones de penas y amnistía, según documentó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Costa Rica
En 2013, Costa Rica incorporó la perspectiva de género en su Ley 8204 en materia de estupefacientes, para reducir las penas por introducir drogas en centros penitenciarios, una práctica común en varios países de la región. De acuerdo con un estudio de WOLA, más de 150 mujeres que habían sido sentenciadas con la ley anterior salieron de prisión con esta modificación.
Además, se tomó en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres que introdujeron drogas a las prisiones por primera vez, para ofrecer soluciones alternativas al encarcelamiento.
Ecuador
Para reducir el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas, la Asamblea Constituyente aprobó en julio de 2008 un indulto para personas condenadas por tráfico, transporte y adquisición de drogas siempre y cuando cumplieran con ciertas características, como no tener antecedentes penales o haber sido acusada de un delito que involucrara cantidades menores de drogas (hasta 2 kilos).
Como resultado del indulto, más de 2.300 personas condenadas por delitos menores de drogas fueron liberadas, 650 eran mujeres.
Pasos necesarios
El Gobierno de López Obrador podría tomar en cuenta las lecciones de estos países en su nueva política de drogas. Tanto Equis como WOLA consideran que la liberación de mujeres en estos contextos se debe acompañar de estrategias integrales de reinserción social.
Por su parte, Beatriz Maldonado dice que sigue en contacto con sus compañeras en prisión porque son como una familia. “Yo soy su voz de impunidad, de impotencia“, relata.
Como parte de su terapia personal, cada día Betty religiosamente prende su karaoke para cantar ‘Dr. Psiquiatra’ de Gloria Trevi. “Eso ha sido mi terapia, esa canción, ‘no estoy loca, no estoy loca’, soy libre y entonces lo único que pido es: liberarlas es justicia”, dice frente a las sonrisas en un salón del Senado mexicano.
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