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En México, las mujeres son más propensas que los hombres a ser víctimas de extorsión para acceder a los servicios de salud y educación, a sufrir “sextorsión” (cuando son coaccionadas para brindar “favores sexuales” a cambio de recibir servicios públicos), además de que son ellas quienes más sufren violencia de género y delitos sexuales, lo que aumenta su vulnerabilidad a actos de corrupción en la búsqueda de acceso a la justicia, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Datos del más reciente informe “Mujeres ante la corrupción” agregan que existen altos índices de corrupción en el Poder Judicial que impiden que los feminicidios sean juzgados o sancionados de la manera adecuada.
“En este sentido, juzgar la muerte violenta de una mujer o feminicidio como homicidio común deriva en impunidad. Los actos de corrupción que se presentan en el proceso para denunciar, investigar y sancionar un feminicidio son el pago de sobornos, el tráfico de influencias o la complicidad con los criminales.”
Por otra parte, el texto señala que “la hipótesis de que las mujeres son menos corruptas que los hombres no es cierta” y que se basa en estereotipos de género, no en hechos.
“Si bien se ha notado una disminución de la corrupción cuando hay mayor participación de mujeres, ésta no se debe a que las mujeres sean menos corruptas que los hombres, sino que al abrir la participación al cien por ciento de la población (en lugar de sólo 50 por ciento que representan los hombres), es más posible toparse con personas adversas a la corrupción”, indica el reporte.
Según el documento, que cita distintos estudios, “al tener las mujeres asignado por los roles de género el trabajo de cuidado, entre cuyas responsabilidades está la atención de la salud, ellas sean más vulnerables al pago de sobornos para acceder a servicios de esta naturaleza”.
Añade que los roles de género que ubican a las mujeres en el ámbito privado, comunitario y reproductivo, y a los hombres en el público y productivo, así como de mayor valor sociocultural definen, asimismo, una relación desigual de poder en el ámbito público; esto no obstante la cada vez mayor participación de mujeres en este espacio, tanto en el trabajo remunerado, la política y la economía.
“Sin embargo, lo anterior no se ha traducido en una mayor participación de varones en el ámbito privado y en las responsabilidades de crianza y cuidado de otras personas, por ejemplo. Esto genera desigualdades, vulnerabilidades y tensiones que impactan de manera particular la relación mujeres-género-corrupción”.
Entre otros puntos, el documento plantea que es evidente la necesidad de que las políticas anticorrupción y las instancias públicas y de la sociedad civil involucradas transversalicen la perspectiva de género en todo su trabajo.