La defensa legal de los reclusos, entre ellos exlíderes de Los Zetas, interpuso un requerimiento formal alegando violaciones al debido proceso e intervencionismo.
Los esquemas de extradición internacional entraron a debate legal tras una solicitud promovida ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El litigante Marco Antonio Avilés Huerta acudió a las oficinas de la Cancillería mexicana, encabezada por Roberto Velasco Álvarez, para formular una petición formal de asistencia consular y repatriación en favor de 13 de los 92 ciudadanos mexicanos que fueron trasladados a prisiones de los Estados Unidos entre los años 2025 y 2026. Entre los firmantes de la solicitud destacan exoperadores de la organización criminal Los Zetas y del Cártel del Noreste, incluidos los exlíderes máximos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos penalmente como «El Z-40» y «El Z-42».
El representante legal argumentó que las expulsiones ejecutadas por el Gabinete de Seguridad federal constituyeron un acto de intervencionismo extranjero de carácter arbitrario, el cual se realizó al margen de los tratados internacionales de extradición y las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, cuestionó la disparidad de criterios del Estado mexicano, señalando que mientras las cúpulas políticas exigen el respeto irrestricto al debido proceso frente a indagatorias que involucran a gobernantes con licencia, a sus representados se les aplicó un esquema de traslado que vulneró el principio constitucional de igualdad ante la ley.
La lista de procesados que buscan regresar a jurisdicción nacional incluye también a perfiles de alta peligrosidad como Jesús Alberto Galaviz Vega («El Z-13»), Juan Pedro Saldívar Farías («El Z-27»), Miguel Ángel Rodríguez Díaz («El Alfa Metro»), Ramiro Pérez Moreno («El Rama»), Ricardo González Sauceda («El Ricky») y Carlos Alberto Monsivais Treviño («La Bola»). El defensor denunció que las condiciones de reclusión en la Unión Americana bajo el régimen de excepción por terrorismo restringen gravemente las comunicaciones y el derecho a visitas familiares debido al retiro generalizado de visados. Ante este panorama, advirtió que de recibir una negativa institucional por parte de la SRE, recurrirá a los juicios de amparo y escalará el litigio ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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