Con el argumento de resguardar la seguridad nacional, corporaciones policiales mantuvieron cercado a un contingente de diez autobuses en la caseta de Tlalpan, impidiendo el desarrollo de una movilización programada.
Las acciones de control de vialidades en la periferia de la capital de la república derivaron en fricciones con colectivos de derechos humanos. Representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) determinaron la aplicación de restricciones de tránsito a un contingente de diez autobuses procedentes de Guerrero en la caseta de cobro de Tlalpan, impidiendo el ingreso de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y alumnos que los acompañaban.
La representación del comité de familiares afectados, encabezada por el activista Mario González, denunció públicamente que el operativo policiaco violenta las garantías constitucionales de libre tránsito, expresión y manifestación pacífica. Los manifestantes explicaron que los autobuses salieron desde las instalaciones de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» con el objetivo de trasladarse al Hemiciclo a Juárez para realizar una jornada informativa y de protesta civil.
Por su parte, los mandos ministeriales y policiales a cargo de los puntos de revisión justificaron los filtros de inspección bajo argumentos de seguridad nacional, tras señalar presuntos reportes y llamadas anónimas sobre el traslado de materiales prohibidos en las unidades de pasajeros. Los representantes del movimiento civil rechazaron los señalamientos, acusando una campaña institucional de criminalización y autoritarismo destinada a debilitar las movilizaciones de los colectivos de búsqueda.
Fuente: Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa | © Redacción NoticiasPV Nayarit