Avalada por la mayoría de los congresos estatales, la modificación legal otorga facultades para anular votaciones si se determina de manera sustancial la participación de entidades extranjeras.
La ratificación mayoritaria en los congresos locales de la reforma constitucional conocida como «Ley Monreal» ha generado debate entre la comunidad de abogados y sectores de oposición, quienes advierten sobre la ambigüedad conceptual en las causales para anular elecciones federales o locales ante presuntos actos de «intervención o injerencia extranjera». La enmienda faculta a los órganos jurisdiccionales para invalidar un proceso cuando se dicte que agentes externos alteraron de forma objetiva el resultado.
El dictamen, que se suma a la reestructuración del Poder Judicial de la Federación, define como interferencia la participación directa o indirecta de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o empresas transnacionales en las campañas. Entre las conductas tipificadas se encuentran el financiamiento ilícito, el desarrollo de ciberataques, el despliegue de campañas de desinformación en redes sociales, así como las presiones diplomáticas y la intromisión mediática que intente quebrantar el orden constitucional.
Corresponderá a las cámaras del Congreso de la Unión formular la legislación secundaria para normar las reglas de operación y los esquemas probatorios exigidos. Las denuncias formales por estas causales deberán desahogarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE), los institutos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); asimismo, la ley señala que todo aspirante que reciba apoyo o beneficio de estas redes externas quedará inhabilitado para competir en futuros procesos democráticos.
Fuente: Congreso de la Unión | © Redacción NoticiasPV Nayarit