El Órgano Interno de Control del INE informó que tiene abiertas 16 investigaciones por conflicto de interés contra 15 funcionarios de la pasada gestión.
En medio de la severa crisis institucional provocada por las revelaciones sobre presuntos actos de corrupción, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la apertura de 16 investigaciones formales por conflicto de interés y colusión que involucran directamente a 15 servidores y exservidores públicos. Al rendir un informe detallado ante la Cámara de Diputados, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, detalló que las indagatorias se desprenden de las publicaciones periodísticas que exhibieron la estrecha relación entre la extitular del organismo, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández, así como la asistencia de diversos mandos medios y superiores a festejos organizados por el proveedor.
El desglose técnico presentado por el órgano fiscalizador precisa que, de los expedientes integrados durante los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, al menos 11 se centran específicamente en irregularidades dentro de las contrataciones públicas, abarcando la presunta responsabilidad de 15 personas físicas, ocho particulares y 18 empresas morales. Asimismo, como resultado directo de seis auditorías previas y ocho revisiones de control interno, el organismo abrió otras 25 investigaciones adicionales enfocadas en conductas graves como el enriquecimiento ilícito, la omisión deliberada de conflictos de interés, el abuso de funciones y fallas críticas en la planeación y supervisión de bienes y servicios.
Como consecuencia de estas indagatorias y de la presión mediática derivada de los videos difundidos, la nueva administración del INE exigió la renuncia inmediata de tres altos funcionarios que aparecieron en las reuniones sociales del empresario implicado: Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios; y José Alberto Pérez de Acha, encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Los exfuncionarios señalados figuraban en los registros audiovisuales conviviendo con Alfredo Hernández, directivo de firmas como Caja Graf y Corporativo Zeg, las cuales obtuvieron jugosos contratos del organismo electoral.
Ante este panorama de presunta corrupción y opacidad administrativa, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, ratificó que todas las contrataciones pendientes en el instituto se encuentran bajo un riguroso bloqueo temporal. La dirigente interina explicó que la Dirección Ejecutiva de Administración revisará con absoluta puntualidad cada uno de los procedimientos y perfiles postulados para evitar que continúen operando esquemas de adjudicación discrecional, marcando un distanciamiento definitivo con las inercias operativas heredadas de la administración pasada.
Las repercusiones de estas investigaciones colocan al árbitro electoral bajo un intenso escrutinio legislativo y social, obligando a las instancias de control a agilizar los procedimientos administrativos y de responsabilidad penal que correspondan. Mientras la Cámara de Diputados evalúa los informes remitidos por el OIC, el Consejo General del INE busca recomponer su estabilidad interna y garantizar que el uso de los recursos públicos se someta a los más estrictos estándares de transparencia antes de la celebración de los comicios federales.
Fuente: Informe del Órgano Interno de Control del INE / Cámara de Diputados | © Redacción NoticiasPV Nayarit