*De los mil 227 programas sociales puestos en marcha por gobiernos estatales en 2016…
proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De los mil 227 programas sociales puestos en marcha por gobiernos estatales en 2016, apenas seis fueron evaluados por sus resultados, lo que abre la puerta a un posible desvío para fines electorales, advirtió hoy Alejandro González, director general de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
Al presentar el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2017, González Arreola deploró que, de manera general, los estados incumplen con los estándares que definen una política social eficiente, pues sus programas sociales carecen de “elementos básicos de institucionalidad, como transparentar su presupuesto aprobado y ejecutado”.
González recordó que, en la última década, el presupuesto que el gobierno federal destinó a los programas sociales se disparó en mil por ciento, mientras que los índices de pobreza no mejoraron: desde el año 1992, el 53% de la población mexicana vive en esta situación.
El año pasado, las entidades federativas destinaron 64 mil 417 millones de pesos a mil 227 programas sociales, esto es, 20 mil millones de pesos más que en 2010. De acuerdo con Gesoc, apenas 66 de estos programas –el 5.4%– definen y cuantifican a su población potencialmente beneficiaria.
El IDES evalúa la adecuación de los programas sociales a los rezagos que pretenden combatir, la transparencia en el manejo de recursos, los mecanismos de monitoreo y la apertura a la participación ciudadana, pero no mide la implementación en el terreno de los programas ni su efectividad.
Según el IDES 2017, elaborado con base en información pública, 29 gobiernos estatales tienen capacidades institucionales precarias o básicas en materia de política social, y los casos más graves se encuentran en los estados de Chiapas, Nayarit, Colima, Chihuahua y Nuevo León.
El informe arrojó que los descensos más importantes en materia de cumplimiento se observaron en entidades que pasaron por procesos electorales en 2016, entre ellos Nuevo León, Chihuahua y Colima, mientras que las mejoras más sustantivas se dieron en gobiernos que cumplieron su primer año de labores.
En promedio, los estados incumplen con 50% de los requisitos, sobre todo por su escaso desempeño en materia de “gestión eficiente” y “apertura y participación ciudadana”.
“A pesar de esfuerzos recientes por disminuir la dispersión programática del desarrollo social, ésta se mantiene, por lo cual la política sigue caracterizándose por su fragmentación, baja institucionalidad y transparencia”, deploró el informe.