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El juzgado tercero de distrito en materia de amparo concedió una suspensión provisional a Jorge Luis Castilla Aguilar, apoderado legal de la empresa Nunvav —una de las principales beneficiarias presuntamente lícitos—y de las compañías señaladas de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a favor del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.
De acuerdo con los antecedentes del caso dados a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera, la empresa Nunvav fue constituida en Panamá por Natan Wancier, identificado como otros de los operadores financieros que beneficiaron al ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón.
Tanto Castilla Aguilar como Natan Wancier, y el empresario Alexis Weinberg, presidente de Nunvav, cuentan con orden de aprehensión girada por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, por ser presuntos responsables de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
A través de lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura (CJF) se dio a conocer que el juzgado tercero de distrito en materia de amparo concedió el jueves una suspensión provisional a Castilla Aguilar —quien aparece como acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) junto con otros 60 presuntos involucrados en la red de corrupción que encabezó García Luna y que se menciona participaron en el desvío de 112 millones de pesos.
Dentro del expediente 452/2023, se dio a conocer que el próximo primero de junio se realizará la audiencia incidental de amparo y en tanto se concede la suspensión provisional en contra de algún mandamiento judicial en contra de Jorge Luis Castilla, sin embargo, este beneficio no tendrá efecto si es detenido y puesto a disposición de un juez federal por delitos que ameritan prisión preventiva, como lo es el cargo de delincuencia organizada.
Este es el segundo señalado por la UIF y la FGR de estar involucrado en la red de corrupción que obtiene una suspensión provisional en contra de su aprehensión, el primero de ellos fue Antonio Molina Díaz, quien se desempeñaba como funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), pero que se encuentra sujeto a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en marzo pasado en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez.
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