Legisladores de diversas fuerzas políticas presentaron iniciativas en el Senado para retirar las atribuciones unilaterales en la designación de funcionarios.
Ante los recientes escándalos de opacidad y conflicto de interés registrados durante la administración de Guadalupe Taddei, los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron de manera conjunta diversas iniciativas en el Senado de la República para revocar las facultades unilaterales que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) poseía para realizar nombramientos directos de funcionarios sin la aprobación colegiada del Consejo General.
Los coordinadores y legisladores promotores, entre los que destacan el panista Ricardo Anaya, la senadora Susana Harp y el morenista Javier Corral, argumentaron que al tratarse estrictamente de modificaciones de carácter administrativo, las propuestas pueden dictaminarse de inmediato sin violar la restricción constitucional que prohíbe cambios a las leyes electorales durante un proceso comicial en curso. La modificación principal se centra en el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para devolver al Pleno del consejo la rectoría en las designaciones estratégicas.
Las propuestas impulsadas por las bancadas opositoras y sectores oficialistas plantean establecer un candado institucional que obligue a conseguir el respaldo de al menos ocho de los once consejeros electorales para validar cualquier nombramiento de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. Asimismo, se contempla la aplicación de un procedimiento extraordinario de revisión en un plazo de treinta días para evaluar la idoneidad y el desempeño de los perfiles que operan áreas de administración de recursos y contratos.
Javier Corral reconoció que la fuerza política gobernante debe asumir una corresponsabilidad directa en el diseño de la reforma de 2024 que otorgó poderes ampliados a la anterior presidencia del organismo, situación que propició un clima de discrecionalidad administrativa. Por su parte, los bloques de oposición señalaron que estas medidas son indispensables para sanear la estructura interna del árbitro comicial y devolver la certidumbre jurídica de cara a las próximas jornadas electorales federales.
Con la apertura del debate legislativo en la Cámara alta, el Congreso busca cerrar los vacíos normativos que facilitaron la concentración de decisiones estratégicas. Las comisiones dictaminadoras comenzarán el análisis técnico de las propuestas para definir el alcance de los controles institucionales que regirán la gobernanza del instituto electoral.
Fuente: Iniciativas presentadas en el Senado de la República / Debates parlamentarios | © Redacción NoticiasPV Nayarit