El exfuncionario enfrenta cargos federales por presunto “narcoterrorismo”, lavado de dinero y apoyo operativo al CJNG, junto a un socio implicado en facilitar operaciones financieras y armamento para la organización criminal.
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Un exagente de alto nivel de la DEA y un asociado han sido acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos de grado militar para un cártel narcotraficante de México, según un acta de acusación revelada el viernes en la Ciudad de Nueva York.
Paul Campo, de 61 años, de Oakton, Virginia, quien se retiró de la DEA en 2016 después de una carrera de 25 años, y Robert Sensi, de 75 años, de Boca Ratón, Florida, presuntamente fueron sorprendidos en una operación encubierta relacionada con sus tratos con una fuente confidencial que se hacía pasar por miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que en realidad estaba siendo dirigida por funcionarios policiales.
El cártel, también conocido como CJNG, fue designado en febrero como organización terrorista extranjera por el secretario de Estado Marco Rubio.
Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que Campo traicionó su carrera en la DEA.
“Según la acusación, Paul Campo y Robert Sensi se asociaron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios que es responsable de innumerables muertes a través de la violencia y el tráfico de drogas en Estados Unidos y México”, dijo el fiscal en un comunicado.
El viernes por la tarde, durante las comparecencias en el tribunal federal de Manhattan, los abogados de Campo y Sensi presentaron declaraciones de inocencia en su nombre.
“Ciertamente, los cargos son bastante alarmantes”, dijo el juez auxiliar Robert W. Lehrburger durante la comparecencia de Sensi.
La conspiración tuvo que ver con conversaciones sobre lavado de dinero y obtención de armas.
En el último año, Campo y Sensi presuntamente acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares en ganancias de drogas para el cártel y convirtieron alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomonedas, pensando que estaban destinados al grupo cuando en realidad fueron a manos del gobierno federal, dice la acusación. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les dijeron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de 5 millones de dólares, y obtendrían una parte de las ganancias, según las acusaciones.
También dijeron que investigarían cómo adquirir drones comerciales, rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el cártel, se alega en la acusación. El abogado de Campo impugnó el alegato en la acusación de que los dos hombres “acordaron investigar” la obtención de armas para el cártel, diciendo que es una excusa por falta de evidencia.
Campo también presumió de su experiencia previa en la policía durante conversaciones con la fuente confidencial y ofreció ser un “estratega” para el cártel, dijeron las autoridades. Comenzó su carrera como agente de la DEA en Nueva York y ascendió a subdirector de operaciones financieras de la agencia, según la acusación.
El fiscal federal adjunto Varun Gumaste dijo el viernes en el tribunal que la presunta conducta de Campo y Sensi era “bastante atroz y preocupante”. Señaló que la evidencia incluye horas de grabaciones de ambos hombres hablando con la fuente, así como datos de ubicación de teléfonos celulares, correos electrónicos e imágenes de vigilancia.
Gumaste dijo que los dos hombres tenían vínculos internacionales y presentaban riesgo de fuga.
La defensa del exagente cuestiona la acusación.
El abogado de Campo, Mark Gombiner, calificó la acusación como un “documento algo sensacionalista y algo incoherente”. Argumentó que algunas de las acusaciones en ella son contradictorias.
Se ordenó que ambos hombres fueran detenidos sin fianza, y sus próximas audiencias en el tribunal fueron fijadas para el 19 de diciembre.
La abogada de Sensi, Amanda Kramer, argumentó que su cliente no presenta riesgo de fuga y tiene muchos problemas de salud, como lesiones provocadas por una caída hace dos meses, demencia en etapa inicial y diabetes tipo II.
Campo y Sensi están acusados de cuatro cargos de asociación delictuosa relacionados con presunto «narcoterrorismo», terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.
Gumaste dijo que la evidencia muestra que Sensi también participó en un complot para adquirir helicópteros de grado militar para un país del Medio Oriente. Señaló que el acusado tiene tres condenas que datan de finales de la década de1980 y principios de la de 1990 por cargos de fraude postal, defraudación al gobierno y robo de 2,5 millones de dólares.
Campo no tiene antecedentes penales, señaló Gombiner.
Otros casos penales han manchado la reputación de la DEA
El administrador de la DEA, Terrance Cole, agregó en el mismo comunicado que, aunque Campo ya no está empleado por la DEA, la actividad de que se le acusa deshonra a los actuales agentes de la ley y socava la confianza pública en la policía.
La DEA ha sido sacudida en los últimos años por varios casos embarazosos de mala conducta en sus filas. The Associated Press ha contabilizado al menos 16 agentes en la última década acusados de cargos federales que van desde pornografía infantil y tráfico de drogas hasta filtración de inteligencia a abogados defensores y venta de armas a asociados de cárteles, lo que pone de relieve grandes huecos en la supervisión de la agencia.
En 2021, la agencia implementó nuevos controles sobre cómo se pueden usar sus fondos en operaciones encubiertas de lavado de dinero, y advirtió a los agentes que ahora pueden ser despedidos por una primera ofensa de mala conducta si es lo suficientemente grave, lo que constituye un cambio respecto a administraciones anteriores.