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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las condiciones de los centros penitenciarios del país no cumplen plenamente con los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos de los internos, considera el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario 2018, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Presentado por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez y la tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, el documento analiza bajo las “Reglas Nelson Mandela”, de observación internacional, 199 centros penitenciarios, 165 de carácter estatal, 10 municipales, los 21 federales y tres militares.
De acuerdo al estudio realizado en 2018, en 84% de las 165 prisiones estatales se detectó insuficiente personal de seguridad y custodia; en 53% se detectaron actividades ilícitas; en 48% se advirtieron deficiencias en la prevención y atención de accidentes violentos; en 40% cobros a los internos y en 45% “condiciones de autogobierno/cogobierno”.
Otras deficiencias advertidas en la revisión de los penales se refieren a la separación entre procesados y sentenciados (76%); deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene en dormitorios (72%); sancionados, sujetos a protección (33%); cocina y comedores (46%); falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo (70%); sin programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria eficiente (70%); inadecuado control de uso de teléfonos y de ingreso a visitas familiares e íntimas, “favoreciendo la violencia” dentro de los centros (48%); sobrepoblación (34%) y hacinamiento (44%); deficiencias en los servicios de salud (50%) y fallas en los sistemas disciplinarios (51%).
En la escala del cero al 10, de acuerdo a las Reglas Nelson Mandela, de observancia internacional, la calificación promedio en las 165 prisiones estatales es de 6.45, resultando reprobados los centros de reclusión de Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas.
Los que tuvieron mayor calificación fueron los centros penitenciarios de Guanajuato, Querétaro y Coahuila, con más de 8 puntos.
En cuanto a los centros federales, el Diagnóstico identifica que “el derecho a la protección de la salud es un problema generalizado”, por falta de atención, en tanto que de los 21 establecimientos, en 20 no hay suficiente personal; en 14 no se tienen actividades laborales y de capacitación y en 13 hay deficiencias en las actividades educativas; en 14 los programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria son insuficientes; en 13 no hay actividades deportivas; en 2 hay deficiencias para vincular a los internos con sus familias.
La calificación promedio de los centros federales es de 7.8, lo que para la CNDH significa un avance respecto de la evaluación que se hizo en años anteriores, de 7.21 en 2016, y 7.33 en 2017.
En cuanto a las tres prisiones militares, el informe de la tercera visitaduría identifica que las principales fallas radican en “la fala de actividades laborales y de capacitación para el trabajo”, alcanzando un promedio en su evaluación global de 8.21, que representa también un incremento a las calificaciones de años anteriores, de 7.93 en 2016 y 8.13 en 2017.
De acuerdo al documento, el número de reclusos en los centros visitados son 182 mil 955 personas, lo que significa 89% del total de la población del país, de los cuales 164 mil 94 están internos en cárceles estatales, 18 mil 403 en federales y 458 en militares.
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