La Sedena bloqueó el acceso a sus archivos para esclarecer hechos como los “vuelos de la muerte”, denunció David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A unos meses de que concluya el mandato de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la llamada “Guerra Sucia”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha bloqueado el acceso a sus archivos para dar esclarecer hechos como los “vuelos de la muerte”, denunció David Fernández Dávalos, integrante de dicha comisión.
Durante la realización de un conversatorio transmitido en las redes sociales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), para abundar sobre la realización del video “Vuelos de la muerte”, que recrea uno de los métodos utilizados por el Ejército para desaparecer personas durante la década de los 70, Fernández Dávalos señaló que la Sedena ha violentado al menos cuatro legislaciones, así como el decreto presidencial de octubre de 2021, que ordenaba a todas las instancias públicas a proporcionar información a la Comisión de la Verdad, sin contar con que se firmó un acuerdo de colaboración.
Fernández Dávalos detalló cómo se fue obstruyendo el acceso a la documentación castrense correspondiente a sus actuaciones de 1965 a 1990, relacionados con la política contrainsurgente, que fue plasmado en un informe “Las formas del silencio”, presentado en octubre del año pasado.
Al resaltar que en septiembre del año pasado el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) decidió retirar a sus investigadores que trataban de revisar los archivos de la Sedena, se procedió a solicitar información vía la Ley de Transparencia.
“Presentamos 155 solicitudes de información, en 70% la Sedena dio respuesta negativa”, entre ellas la relacionada con “los vuelos de la muerte”, señaló Fernández Dávalos.
El sacerdote jesuita expuso que, al estar enterados de que el Centro Prodh había logrado que en la averiguación previa por la desaparición de Alicia de los Ríos Merino se integrara el expediente militar contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, por la desaparición de personas, abierto en 2000 y cerrado en 2002, el MEH solicitó ese documento.
“Solicitamos el archivo completo, pagamos los derechos por las copias del expediente completo, y se nos entregó una tercera parte, en una versión censurada, con el compromiso de que se nos haría entrega del resto.
“Hace un mes nos informaron que ya no se nos entregarían las dos terceras partes del expediente porque se había abierto una averiguación previa relacionada con ese caso y que iban a ocupar el expediente, que de esa manera el expediente pasaba a tener calidad de confidencial, lo que es un invento de la Sedena”, contó.
El comisionado explicó que también solicitaron “la relación de los nombres de las personas arrojadas al mar en los ‘vuelos de la muerte’, y lo que respondió la Sedena es que no existe testimonio escrito de lo solicitado”, cuando en el expediente integrado en la averiguación previa por el caso de Alicia de los Ríos, hay testimonios de militares que sostienen que el entonces mayor Javier Barquín, anotaba los nombres de las víctimas en una libreta de pastas negras.
Fernández Dávalos reconoció que, al término de esta administración, la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), heredera del Centro de Información de Seguridad Nacional (CISEN), mantendrán una “deuda” con las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el periodo de 1965 a 1990, atribuidas a fuerzas del orden.
No obstante, dijo que el informe que se entregara antes de que termine la administración de Andrés Manuel López Obrador está concluida en un 90%, y que la mayor parte de su construcción se hizo a través de testimonios de cerca de un millar de personas que colaboraron con el MEH.
“No hemos dado a conocer a nadie el contenido del informe, lo haremos después de las elecciones, por un compromiso de evitar que pueda influir en el proceso electoral”, indicó el comisionado.
Sobre el mecanismo de acceso a la justicia, Fernández Dávalos lamentó que después de su desintegración, por la renuncia de los investigadores, la Subsecretaría de Gobernación no hizo nada por una reconfiguración, por lo que “la deuda de alcanzar justicia sigue pendiente, por lo que sería muy importante que la siguiente administración continuara con los esfuerzos para esclarecer estas graves violaciones a derechos humanos”.
Durante el foro virtual, Alicia de los Ríos Merino, hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del mismo nombre y desaparecida el 5 de enero de 1978, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a sostener una reunión con “víctimas de sobrevivientes de la contrainsurgencia, para que el presidente reciba a las comunidades y que escuche el balance que tenemos sobre su administración”.
Asimismo, pidió al presidente a tomar las medidas necesarias para que la Comisión de la Verdad tenga acceso “de manera digna y de manera plena” a la información que sobre ese periodo tienen las fuerzas armadas, y “aceptar lo acontecido décadas atrás junto con el presidente que tuvo a bien decretar la creación de la Comisión de la Verdad, que no sea un pendiente que se quede sin respuesta”.
De la misma manera, De los Ríos Merino pidió a la Fiscalía General de la República que, una vez por todas, colabore con la Comisión de la Verdad, porque “siempre ha disculpado su ausencia por su autonomía”, pese a tener la obligación de realizar inspecciones en las instalaciones militares.
La defensora, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos de Chihuahua, convocó a toda persona que tenga información sobre las desapariciones ocurridas durante la “guerra sucia”, para que la comparta de manera anónima a fin de acercar a los familiares de las víctimas a la verdad.
Para compartir la información, los interesados pueden escribir al correo alicia.contacto@centroprodh.org.mx.
En el conversatorio participaron Irma e Irene De los Ríos Merino; el realizador del video, Evan Grothan, de SITU Research, así como Alan García de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como el abogado del Centro Prodh, César Contreras.