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De acuerdo con los recientes informes del Banco Mundial, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y del Fondo Monetario Internacional, México es el país de la región que menos invierte en programas para atenuar los daños que está causando la pandemia en los sectores más vulnerables de la población y en las pequeñas y medianas empresas. El gobierno de López Obrador apenas ha destinado el equivalente a 0.7% del PIB nacional en planes de protección social y activación económica, mientras Perú está destinando 9.34% de su PIB.
BOGOTÁ, Col. (Proceso). – Los planes de estímulo económico lanzados por los gobernantes latinoamericanos para enfrentar los estragos de la pandemia han sido tan expansivos y audaces en materia social que las respuestas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo hacen lucir como un mandatario conservador en el contexto regional de la emergencia por el coronavirus.
Así lo indican los análisis y datos que han divulgado en estos días varios organismos multilaterales sobre las políticas fiscales, monetarias y en materia de salud pública que están ejecutando los gobiernos de la región para enfrentar la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
De acuerdo con los reportes del Banco Mundial (BM), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), México es el país de la región que menos está invirtiendo en programas contracíclicos para atenuar los impactos del coronavirus en los sectores más vulnerables de la población y en las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el FMI, el gobierno de López Obrador apenas ha destinado el equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en planes de protección social y activación económica.
En contraste, Perú, la nación latinoamericana que tiene el programa de estímulos más ambicioso, está empleando 9.34% de su PIB para minimizar el golpe de la emergencia sanitaria que ha causado la virtual parálisis de la economía en toda la región y en buena parte del mundo.
Tanto el presidente peruano, Martín Vizcarra, como el chileno, Sebastián Piñera, pertenecen a corrientes ideológicas centroderechistas y son firmes partidarios de las políticas de mercado y la disciplina fiscal.
Pero ambos mandatarios, en esta pandemia, optaron por la heterodoxia económica para inyectar dinero a sus economías y transferir recursos a los sectores de menores ingresos y a los trabajadores informales que quedaron sin sustento en medio de la crisis.
Piñera lanzó el 19 de marzo último un paquete de medidas por 11 mil 750 millones de dólares (monto igual a 4.7% del PIB) centrado en apoyar el empleo, subsidiar a los desempleados y dar liquidez a las empresas.
El gobierno destinará unos 2 mil millones de dólares en transferencias adicionales a los trabajadores más vulnerables, entre ellos los informales.
Hasta el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, acordó con el Congreso medidas de estímulo fiscal por una suma equivalente a 6.5% del PIB de ese país, unos 122 mil millones de dólares.
Otro gobernante de derecha, el mandatario colombiano, Iván Duque, adoptó medidas de alivio social para los más pobres y de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, a las cuales el gobierno les financiará su nómina durante los próximos tres meses para evitar que despidan a sus trabajadores.
La receta de AMLO
Las políticas económicas, fiscales y monetarias que están aplicando esos gobiernos son lo opuesto a las recetas neoliberales que suelen dejar al mercado la solución de todos los problemas.
Pero en Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Colombia, países con gobiernos de derecha, son los Estados los que han asumido un papel central para minimizar los estragos económicos y sociales que dejará la pandemia.
Y lo están haciendo con estrategias de corte socialdemócrata y keynesiano, que buscan que la intervención del Estado –mediante la inyección de dinero a la economía real y a las familias pobres y de clase media– estimule la demanda, la producción y el empleo en medio de la crisis.
Todos los países latinoamericanos están financiando sus paquetes de estímulo con aumentos de impuestos –que en algunos casos son temporales–, con reasignación del gasto y con créditos externos, en especial del FMI y del BM.
López Obrador ha descartado aumentar impuestos y solicitar créditos al exterior para enfrentar la crisis derivada del coronavirus, que golpea la oferta y la demanda, y que, según todos los organismos multilaterales, requiere de una respuesta que incentive esos dos factores.
El tabasqueño anunció el domingo 5 de abril la profundización de sus programas sociales para familias de bajos ingresos, adultos mayores, campesinos y pescadores, así como 2.1 millones de créditos para viviendas, obras de infraestructura en zonas marginas, la contratación de 45 mil médicos y enfermeras y de más elementos para el Ejército, Marina y Guardia Nacional.
Esas medidas, que van en la misma línea que las del resto de los países latinoamericanos, implican recursos adicionales por alrededor de 158 mil millones de pesos, equivalentes 0.66% del PIB, según cálculos de los organismos multilaterales.
Es decir, las medidas que se han tomado van en la dirección correcta, pero están muy lejos del “estímulo fiscal masivo” que recomienda la Cepal para “apuntalar los servicios de salud, proteger los ingresos y empleos, y otorgar beneficios a los subempleados y trabajadores por cuenta propia”.
López Obrador dijo en su conferencia de prensa del viernes 17 que no quiere endeudar al país como se acostumbraba en otros gobiernos.
Antes, aseguró, “lo primero era la contratación de crédito y transferir esos apoyos a los grandes productores; bueno, el extremo fue lo del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), el convertir las deudas privadas en deuda pública”.
Además, anunció que el mes próximo su gobierno inyectará 60 mil millones de pesos a la economía (0.25% del PIB) para dar créditos a 3 millones de pequeños negocios de los sectores formal e informal, aunque se desconoce si éstos son recursos adicionales a los presupuestados o provendrán de las reasignaciones del gasto.
De acuerdo con la Cepal, México tiene indicadores que le dan un rápido acceso al crédito internacional y que le permiten una mayor holgura fiscal en esta coyuntura.
Por ejemplo, su porcentaje de deuda externa con relación al PIB es de 44.9%, según cifras de Banco Mundial al cierre de 2019, lo que ubica a México en una mejor posición que Argentina (su deuda equivale a 100% del producto nacional), Brasil (75.8%), Colombia (50.9%) y Ecuador (49.6%).
Y el déficit fiscal que presentó el año pasado (-2.3%) fue menor que el de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.
El mes pasado, la Cepal proyectó que el gobierno mexicano tenía capacidad para poner en marcha un programa de apoyo para los trabajadores informales que quedaron sin ingresos por la parálisis económica derivada de la pandemia.
El organismo regional calculó que, si el gobierno de López Obrador respaldaba con un salario mínimo mensual durante un año a 11 millones de subempleados de entre 18 y 67 años que hoy no tienen ingresos ni transferencias sociales, el desembolso ascendería a 498 mil millones de pesos, equivalentes a 2% de su PIB.
La Cepal plantea que la magnitud del impacto económico y social que causará el covid-19 en la región dependerá, entre otros factores, de la contundencia de la respuesta de los gobiernos.
Y en esto, “la política fiscal tiene un papel fundamental”, considera el organismo.