Trabajadores del Poder Judicial pidieron una audiencia para exponer los riesgos de esta controversial reforma implementada en México
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A casi dos meses de que entrara en vigor la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), continúa la batalla de los trabajadores para que ésta no avance o bien, para advertir sobre los riesgos que implica el elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En esta ocasión, la queja escaló hasta la propia Organización de Estados Americanos (OEA), donde en próximos días se analizará la controversial reforma que presentó en febrero pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que está vigente desde el 16 de septiembre. Vale recordar que, pese a que jueces han emitido amparos para frenarla, su implementación sigue su curso y recientemente quedaron instalados los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, además, será el 4 de noviembre cuando lancen la convocatoria ciudadana. Además, será el martes 5 cuando se discuta en la Corte un proyecto para invalidarla parcialmente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que concederá una audiencia a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para analizar el caso a las 13:00 horas (tiempo de México) del próximo martes 12 de noviembre, como parte de su 191 período de sesiones en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
La queja fue interpuesta por la jueza federal Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Rosa Elena Alonzo Méndez (Colegio de Secretarios y Actuarios Federales) y Víctor Manuel Rodríguez Rescia, del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH).
La CIDH ya se había pronunciado sobre la reforma
En septiembre pasado, cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales dieron su aval a la llamada Reforma Judicial, la CIDH manifestó su preocupación por esta iniciativa, la cual a su parecer tendría efectos sobre el derecho de acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho de nuestro país.
El organismo interamericano indicó que sociedad civil, expertos y trabajadores del Poder Judicial de la Federación le enviaron información sobre las afectaciones que habría en México tras el cese de autoridades judiciales en 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de jueces, magistrados y ministros:
“Se llamó la atención de la CIDH respecto a que lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial. Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, dijo la Comisión en un boletín.
Tal como los afectados por la reforma y especialistas en justicia y Derecho han advertido, la CIDH mencionó que una reforma de este tipo debía haber abarcado también a otras instituciones encargadas de la impartición de la justicia, tales como la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y las defensorías públicas.
En su momento, la CIDH también externó su preocupación por la instauración de la figura de ‘jueces sin rostro’ en casos relacionados con la delincuencia organizada, ya que contraviene a lo establecido en el sistema interamericano, además de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la elección popular de los magistrados que lo integrarán “podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario”.