El coordinador de los diputados federales de Morena rechazó defender a los exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa tras entregarse a las autoridades norteamericanas; la oposición en San Lázaro califica el suceso como un golpe brutal a la soberanía nacional.
La crisis institucional desatada por los expedientes delictivos de la cúpula gubernamental sinaloense fracturó el discurso de cohesión dentro del Poder Legislativo Federal. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se desmarcó de forma contundente de la determinación tomada por los exfuncionarios estatales Enrique Díaz y Gerardo Mérida Sánchez —quienes fungieron como secretarios de Finanzas y Seguridad Pública de Sinaloa, respectivamente— de entregarse de forma voluntaria ante las agencias de justicia de los Estados Unidos.
El líder de la bancada guinda enfatizó ante los medios de comunicación que no asumirá el rol de vocero ni de defensor legal de los personajes vinculados con presuntas actividades de protección al narcotráfico, catalogando el acto como una responsabilidad de índole estrictamente personal. Monreal Ávila aprovechó su intervención para respaldar la postura asumida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demandado formalmente al Departamento de Justicia estadounidense la presentación de pruebas científicas y documentales antes de validar los señalamientos, defendiendo los principios de no intervención y de soberanía nacional frente a las agencias extranjeras.
En contraste, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, fijó un posicionamiento crítico al describir la entrega de los excolaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya como un acontecimiento lastimoso y una confirmación de que amplias zonas del territorio mexicano se encuentran vulneradas por el crimen organizado. La legisladora de oposición aseveró que este éxodo voluntario hacia los tribunales de Nueva York demuestra una total desconfianza de los propios implicados en los sistemas de procuración de justicia locales, evidenciando un trasfondo de complicidades y corrupción gubernamental que no puede ser minimizado por las autoridades federales.
Fuente: Palacio Legislativo de San Lázaro | © Redacción NoticiasPV Nayarit