El mandatario oaxaqueño alertó sobre la infiltración delictiva en el ayuntamiento limítrofe, desencadenando la disolución del Cabildo y la fiscalización a exfuncionarios.
Las fricciones de seguridad en los límites territoriales entre Puebla y Oaxaca escalaron a nivel institucional, luego de que el gobernador oaxaqueño, Salomón Jara Cruz, revelara públicamente haber alertado con anterioridad a las autoridades poblanas sobre la presunta colusión de la exalcaldesa morenista de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, con células de la delincuencia organizada.
De acuerdo con las declaraciones de Jara Cruz, las actividades ilícitas cobijadas desde la estructura municipal de Acatlán derivaron en una racha incesante de extorsiones, robos y agresiones violentas que impactaron directamente a las comunidades oaxaqueñas colindantes con el territorio poblano.
Ante el revuelo causado por estos sealamientos, el coordinador del Gabinete Estatal de Puebla, José Luis García Parra, reconoció la existencia de indicios sólidos sobre la cooptación de las dependencias municipales por parte de un grupo criminal, confirmando que dichas evidencias motivaron la intervención institucional para concretar la disolución formal del Ayuntamiento.
La dimisión de la edila se oficializó el pasado 10 de septiembre, tras más de tres meses de parálisis administrativa y protestas encabezadas por la mayoría de sus regidores, quienes exigían su salida inmediata acusándola de solapar el incremento alarmante de la violencia local.
El conflicto interno del Cabildo incluyó la destitución del director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez —quien sostenía una relación sentimental con Bárcenas y posteriormente contrajo matrimonio con ella—, así como acusaciones cruzadas por el presunto desvío de recursos públicos para financiar cirugías estéticas, viajes al extranjero y lujos personales.
A pesar de que en su momento la Secretaría de Gobernación de Puebla otorgó medidas de protección a la exalcaldesa tras denunciar amenazas atribuidas a la banda delictiva «Los Rojos», la administración estatal sostuvo que las carpetas de investigación se mantienen abiertas contra todos los exservidores públicos de esa demarcación.
Por su parte, Guadalupe Bárcenas emitió un posicionamiento público en el que rechazó tajantemente cualquier vínculo con la delincuencia organizada, asegurando que las acusaciones en su contra pervierten la realidad y argumentando que los grupos armados operaron para desestabilizar su gobierno y atentar contra su integridad física.
Fuente: Declaraciones del Gobierno del Estado de Oaxaca / Conferencia de Prensa del Gobierno del Estado de Puebla | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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