A casi tres décadas de la tragedia en Chiapas, el máximo tribunal del país analizará la responsabilidad del Estado mexicano y las obligaciones de reparación para las víctimas indígenas.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves ejercer su facultad de atracción para resolver un amparo interpuesto por víctimas de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. El enfoque de esta revisión se centrará en el desplazamiento forzado interno de cientos de indígenas tzotziles, un fenómeno que ha permanecido sin resolución jurídica definitiva durante 28 años.
La propuesta, impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, fue aprobada por una mayoría de siete votos. El objetivo del Tribunal Constitucional es definir el alcance de la protección a personas indígenas bajo los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo un precedente histórico sobre cómo el Estado debe reparar el daño cuando ha sido incapaz de garantizar la permanencia de los ciudadanos en sus comunidades.
Un reclamo de justicia para 308 víctimas
El recurso legal fue promovido por un grupo de 308 indígenas tzotziles que fueron expulsados de sus tierras tras la matanza de 45 personas durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Los quejosos denuncian una omisión sistemática de los tres niveles de gobierno, acusando que, a pesar de existir jurisprudencia internacional, las autoridades mexicanas han mantenido una postura de inacción frente a sus derechos vulnerados.
El expediente llegó a la Corte luego de que un juez en Chiapas desechara inicialmente la demanda, lo que obligó a las víctimas a escalar el caso hasta la máxima instancia judicial.
Hacia un nuevo criterio jurídico
La resolución de la SCJN no solo buscará la reparación integral para los desplazados de Acteal, sino que obligará a las autoridades a fijar protocolos claros frente al desplazamiento forzado en todo el país. Los ministros deberán interpretar cuáles son las obligaciones específicas de las fuerzas de seguridad y los organismos de vivienda y salud ante este tipo de crisis humanitarias.
Con este paso, el Poder Judicial busca saldar una deuda histórica con las comunidades de los Altos de Chiapas, determinando si la inacción gubernamental del pasado y el presente constituye una violación continuada a los derechos humanos.
Fuente: SCJN, Agencias Nacionales | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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