Cobra vuelos la diatriba por la publicación de un listado de periodistas que, según registros oficiales, recibieron contratos de publicidad durante el mandato del anterior presidente.
actualidad.rt.com
La semana pasada se dio a conocer en México una lista de 36 periodistas que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se habrían benficiado con contratos gubernamentales por concepto de publicidad y gastos de comunicación. El listado proviene de la Presidencia del país y atañe específicamente a los años 2013-2018.
El periodista Ricardo Rocha encaró este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa, por haber sido incluido en dicho informe. En respuesta, el mandatario mexicano aseguró que se hará una investigación y se esclarecerá cualquier posible injusticia.
Muchos de los periodistas señalados en la lista sostienen que se trata de una campaña en su contra, para desprestigiarlos. Sin embargo, no se trató de una filtración: el referido documento gubernamental fue entregado al diario Reforma, tras solicitud oficial y en virtud de la ley, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“En el INAI se está aclarando este asunto. Se mandó la lista y ellos ordenaron que se diera a conocer aquí, que se le diera a conocer a un periódico, y eso fue lo que se hizo”, señaló López Obrador en la conferencia de prensa.
Javier Buenrostro, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la McGill University (Canadá), comentó a RT que si bien no es ilegal hacer publicidad oficial, en este caso es preciso definir definir bien bajo cuáles parámetros se otorgan los contratos y entre qué medios se distribuye el respectivo presupuesto.
“Es evidente que los medios pueden vivir de la publicidad oficial sin tener forzosamente una línea [a favor] del Gobierno, pero también es cierto que muchos periodistas han vivido de la publicidad oficial tratando suavemente al Gobierno, y en algunos casos incluso es famosa la entrega de sobres amarillos a periodistas que no están registrados dentro de los marcos de la publicidad oficial y que de todos modos es para hablar bien del Gobierno”, afirmó Buenrostro.
En su opinión, la publicación del listado con los nombres de los periodistas “no es cuestión de mala voluntad o de una persecución“, ya que simplemente se dio respuesta a una solicitud oficial de transparencia, pero sí fue un error mandar una lista incompleta, con nombres particulares pero no de “personas morales o de empresas”. “El mayor dinero en publicidad no es [el que fluye] a través de los periodistas o a través de la prensa escrita, es a través de la televisión y radio”, señaló Buenrostro.