La minuta fue remitida al Ejecutivo federal tras un intenso debate parlamentario marcado por las críticas de la oposición y del oficialismo sobre las facultades otorgadas a la SHCP y los retos de conectividad.
Entre protestas de la oposición y la inconformidad de algunos legisladores de Morena, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual está encaminada a promover la utilización masiva de operaciones mediante tarjetas de crédito, transferencias bancarias, códigos QR y otros medios electrónicos en todo el país. La minuta aprobada fue remitida de inmediato al Ejecutivo federal para su debida promulgación y entrada en vigor, estableciendo que si bien no se plantea eliminar de forma inmediata y generalizada los pagos tradicionales en dinero en efectivo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quedará facultado para determinar, en un plazo de quince días hábiles, los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago permitida, bajo condiciones y plazos de transición específicos.
Durante el desahogo parlamentario, la iniciativa presidencial obtuvo un total de 73 votos a favor por parte de la bancada de Morena y sus aliados, frente a 34 votos en contra emitidos tanto por legisladores de oposición como por el senador guinda Ricardo Sheffield, quien en su intervención en tribuna calificó como un gravísimo error que un funcionario designado y no electo democráticamente pueda generar un control de precios o un monopolio financiero perjudicial para la población mexicana, lamentando la falta de una revisión profunda al dictamen. Este aspecto generó álgidas discusiones entre los distintos grupos parlamentarios, a pesar de que el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, defendió que el proyecto legislativo fue sometido a un análisis riguroso basado en las inquietudes expresadas por los congresistas.
En contraparte, legisladores del partido oficialista defendieron la trascendencia de la reforma argumentando que busca fomentar la inclusión financiera. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recalcó que la modernización de los pagos pretende reducir las dificultades que enfrentan los ciudadanos y los pequeños negocios para participar en la economía formal, mientras que el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, destacó que el país cuenta con infraestructura como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que registró más de 7 mil 300 millones de transferencias durante 2025, señalando que el uso de estas tecnologías facilitará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) registrar sus ingresos, ampliar sus modalidades de cobro y generar historiales crediticios.
Por el contrario, senadores de oposición pertenecientes a las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma impondrá costos operativos adicionales a comerciantes y consumidores, incrementando además la capacidad de vigilancia gubernamental sobre el patrimonio de las personas. El senador panista José Máximo García y su homólogo de MC, Néstor Camarillo, cuestionaron que Hacienda pueda fijar la obligatoriedad digital sin criterios claros y desatendiendo los graves problemas de conectividad que persisten en comunidades rurales del país. Asimismo, la senadora priista Carolina Viggiano recriminó la excesiva concentración de facultades en la dependencia federal al calificarla de autoritaria, en tanto que su compañera de bancada, Claudia Anaya, apuntó que la nueva ley entra en contradicción con la Ley Monetaria vigente al omitir plazos concretos de transición.
De acuerdo con el régimen transitorio establecido en el decreto, una vez que la normatividad cobre vigencia, la Secretaría de Hacienda dispondrá de un plazo de quince días hábiles para emitir la determinación de los sectores y actividades con exclusividad digital, tras lo cual las autoridades competentes contarán con otros quince días para publicar las disposiciones operativas y los mecanismos de transición. No obstante, el texto legal contempla excepciones temporales para permitir el uso de efectivo o cheques en caso de contingencias técnicas o fallas de conectividad, vinculando paralelamente los pagos digitales con plataformas gubernamentales como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano con el fin de abatir cargas burocráticas.
Fuente: Senado de la República / Debates legislativos | © Redacción NoticiasPV Nayarit