Pese a las solicitudes enviadas por el Ejecutivo en diciembre de 2025, el Congreso no discutió ni avaló el ingreso del Hércules C-130; la presidencia del Senado argumenta que el Gabinete de Seguridad tiene facultades directas sobre aeronaves.
El aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca ha puesto al descubierto una serie de contradicciones legales y políticas entre el Gobierno Federal y el Poder Legislativo. Registros oficiales obtenidos por Proceso confirman que las solicitudes enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de diciembre no fueron discutidas ni aprobadas por el Senado de la República.
La controversia escala en un momento geopolítico delicado, marcado por las amenazas de Donald Trump de enviar tropas a México para combatir cárteles y tras la reciente intervención militar de EE. UU. en Venezuela. Mientras el Gabinete de Seguridad sostiene que el vuelo estaba autorizado para capacitación desde octubre de 2025, los tiempos legislativos cuentan una historia distinta.
Solicitudes «congeladas» en la Comisión de Marina
De acuerdo con la información oficial, existían dos solicitudes clave que la presidenta envió al Senado:
Traslado de tropas mexicanas: El envío de 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada a Camp Shelby, Misisipi.
Ingreso de fuerzas de élite: El permiso para que Navy SEAL’s y miembros del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales de EE. UU. entraran a México con armamento a bordo del citado Hércules C-130, aterrizando el 12 de enero en Toluca.
Sin embargo, tras los eventos en Venezuela el 3 de enero, los legisladores de Morena suspendieron las votaciones en la Comisión de Marina. Por lo tanto, legalmente, el Senado no otorgó el visto bueno que la propia Constitución exige para el tránsito de tropas extranjeras.
¿Avión o tropas? El vacío legal
Ante los cuestionamientos, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, defendió que la cámara alta carece de facultades para autorizar el ingreso de aviones extranjeros, limitándose exclusivamente a las tropas. Según su postura, el Gabinete de Seguridad puede autorizar el aterrizaje de aeronaves militares sin pasar por el Legislativo, una interpretación que ha generado debate entre constitucionalistas.
A pesar de esta aclaración, los registros muestran que el año pasado el Senado fue sumamente activo en estos temas, autorizando la salida de 1,149 militares mexicanos a Estados Unidos y el ingreso de 319 elementos estadounidenses a suelo nacional. La falta de un acta oficial para el aterrizaje en Toluca deja un precedente de opacidad en la cooperación militar bilateral bajo la nueva administración estadounidense.
Fuente: Revista Proceso | © Redacción NoticiasPV Nayarit