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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) envió a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, una solicitud para que investigue de manera “exhaustiva, oficiosa, completa e imparcial” la infección del software Pegasus en los equipos celulares de las personas que forman parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (COVAJ), específicamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En la queja presentada ayer, indicó que estos hechos, que vulneraron derechos a la intimidad, a la comunicación, a la privacidad, pueden poner en riesgo incluso a testigos de la investigación del caso, a información confidencial, pero sobre todo a las personas que fueron objeto de espionaje o interceptación ilícita, que también constituyen violaciones de carácter penal.
Asimismo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain se refirieron al comunicado que emitió el lunes pasado la CNDH, en el que expuso que “no hay elementos que presuman que instancias del gobierno federal se encuentren actualmente usando el sistema” Pegasus. Sin embargo, destacaron, “la información que se encuentra en fuente abierta permite concluir que se sigue realizando”.
El objetivo a investigar, enfatizaron, “radica en la determinación del origen de esas conductas que atentan contra bienes jurídicos fundamentales”.
Subrayaron que dado que dichas injerencias son ilícitas, corresponde a la CNDH y la Fiscalía General de la República “realizar una investigación que parta de los hechos conocidos y permita remediar esta situación que atenta contra garantías muy caras para la democracia”.
Los expertos resaltaron que lo primero que hay que solicitar es la certificación que permita acreditar en principio quiénes han sido compradores de este sistema en México, lo cual implica solicitarle a los proveedores nacionales e internacionales se expida la correspondiente constancia; en segundo término, quiénes lo están utilizando.
En tercer lugar, si existen otras personas que puedan estar usando estos equipos, con qué autorización; así como qué controles se han establecido por parte de las personas naturales o jurídicas que los hayan adquirido.
“Se requiere haber contado con los diagnósticos de los equipos que aseguran la utilización ilícita de infección a los medios de comunicación. Por lo que le sugerimos respetuosamente se recojan estos diagnósticos ya realizados que permiten comprobar la intrusión e investigar el comportamiento ilegal”, indicaron.
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