En México es más probable que ocurra un temblor mayor a 6 grados a que se destituya a un juzgador federal.
Las sanciones que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aplica a su personal por mala conducta, que incluye corrupción, son endebles: apenas 2.2 por ciento concluye en destitución, y jueces y magistrados son los menos castigados.
De hecho, en México es más probable que ocurra un temblor mayor a 6 grados a que se destituya a un juzgador federal. Del año 2010 a la fecha hubo 50 sismos mayores a seis grados y sólo 11 jueces y cuatro magistrados fueron cesados.
El jueves pasado, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte y CJF, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos coincidieron en la necesidad de combatir la corrupción en el Poder Judicial.
A partir de ahí, El Financiero se dio a la tarea de buscar cómo se castigan las denuncias que llegan contra jueces de Distrito y magistrados de Circuito, así como el personal que está bajo su cargo.
En su página de Internet (www.cjf.gob.mx), el órgano revisor de la actuación de los juzgadores federales sólo tiene las cifras completas de las sanciones aplicadas a su personal en los años 2017 y 2018.
Durante ese lapso se aplicaron acciones disciplinarias a 788 empleados, de las cuales sólo 18 (2.2 por ciento) fueron destitución del empleado, entre ellos cuatro jueces de distrito y ningún magistrado.
A dichos casos se suman los casos del juez Anuar González Hemadi, destituido por ordenar la libertad de uno de Los Porky´s de Veracruz; y los magistrados en Campeche David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis, destituidos durante 2019.
Igualmente hay otros 11 casos de jueces y magistrados destituidos, los cuales fueron detectados por El Financiero durante en una revisión hemerográfica hecha de los años 2010 a 2016.
Entre los casos localizados en ese lapso están el de Efraín Cázares López, juez que tuvo a su cargo el Michoacanazo, quien fue cesado en octubre de 2012 debido a las decisiones controvertidas y cuestionadas del caso.
Otros destituidos son Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por discrepancias entre sus declaraciones patrimoniales; Luis Armando Jerezano ligado a casineros de Nuevo León, y Rafael Zamudio Arias, por hostigamiento sexual y laboral.
Las cifras del CJF revelan que de las 788 sanciones aplicadas entre 2017 y 2018, 67 (8.5 por ciento) fueron suspensión del empleo. Cinco jueces y dos magistrados tuvieron este castigo. El juez Iván Benigno Larios tuvo dos suspensiones.
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