En una conferencia encabezada por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se detalla cómo ocurrió el “hackeo”. La versión difiere de la que dio AMLO en su mañanera
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- No fue un “hackeo” similar al que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso Guacamaya, como lo afirmó por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador: fue a través de un ingreso ilegal, con un usuario y la contraseña de un extrabajador de la Presidencia de la República, que fueron extraídos los datos y la información personal –incluyendo credenciales– de 309 periodistas acreditados para asistir a la conferencia matutina del mandatario.
Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la tarde de este lunes, encabezada por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se informó que, el pasado 22 de enero, una persona ingresó en el sistema con un usuario y una contraseña todavía válidos, pero desde una dirección de IP registrada en España, y extrajo los documentos que los medios de comunicación enviaron a Presidencia para acreditar sus reporteros en 2022, incluyendo credenciales de elector y pasaportes.
Preguntado sobre los elementos con los que López Obrador basó su acusación contra la oposición, a la que responsabilizó hoy por el “hackeo”, Jesús Ramírez Cuevas prefirió evadirse. “Eso hay que preguntarle al presidente de la República”, dijo, y momentos después aseveró que la responsabilidad será determinada por las autoridades, y que “lo demás será opinión de quienes la emitimos”.
Desde que se dio a conocer la filtración de datos de los periodistas mexicanos en diversas plataformas, el viernes pasado, el tema causó indignación y preocupación en el gremio, y la polémica creció durante el fin de semana, en el que no hubo pronunciamiento oficial por parte del gobierno.
La Segob presentará mañana una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por sustracción ilegal de datos personales, y ofreció el apoyo del Mecanismo de Protección a Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos a los periodistas víctimas, entre otros para blindarles ante un posible uso ilegal de sus identificaciones en el futuro.
De los 309 periodistas cuya información circula en redes, 263 sufrieron una vulneración de datos: en la base había 186 credenciales de elector que tenían datos de domicilio completos, 63 pasaportes, 2 CVs que se habían presentado, una licencia de Estados Unidos, una CURP, 10 tarjetas de residencias emitidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y 4 fotografías, sin dato adicional.
“Obviamente en esta investigación está abierta la vertiente del uso político de lo que señalaba el periodista, si hay una intención de intimidar o de atacar el gobierno, pues también es parte de las investigaciones, pero nosotros no lo vamos a decir de antemano, en la medida en que tiene que ser producto de una investigación de la FGR”, insistió el vocero presidencial.
Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, aseveró que los sistemas del gobierno federal están debidamente protegidos, pero que en este caso se ingresó al “sistema de preproducción” –llamado Alfa.gob.mx, donde se hacen pruebas– a través de un usuario que todavía tenía acceso a la plataforma, aunque el funcionario que era titular de estas claves ya no trabaja en el gobierno federal.
“Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal, se hicieron desde España”, dijo.
Jesús Ramírez Cuevas insistió en que “no se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó ilegalmente al sistema y filtró esta lista de materiales” –como se ha criticado–, sino “fue una extracción ilegal desde fuera del sistema, utilizando una contraseña y un usuario”.
De todos modos, el vocero presidencial, quien encabeza el equipo que acredita los reporteros, aseveró que “estamos comprometidos para llegar a las últimas consecuencias de esto”, y agregó: “Yo mismo soy parte de la investigación”.
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