La demanda presentada por el Gobierno de Tamaulipas señala que la propiedad fue adquirida con recursos originados por presuntas malversaciones cometidas por el exgobernador.
ElFinanciero.com.mx/ VICTORIA.- El Gobierno de Tamaulipas inició un proceso legal para recuperar una propiedad ubicada en Brownsville, Texas, valuada en 1.2 millones de dólares.
El juicio señala que la propiedad fue adquirida con recursos originados por presuntas malversaciones cometidas por el exgobernador Tomás Yarrington, a través de esquemas de desvío de dinero público por medio de prestanombres.
En la demanda se establece que la propiedad fue comprada a nombre de la esposa de Fernando Cano Martínez, actualmente prófugo de la ley en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad de Yarrington Ruvalcaba, detenido en el 2017 en Italia, y extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018 en donde permanece preso.
El Gobierno estatal solicitó a un juez del sur de Texas que declaren ilegal la compra de la propiedad que consta de tres terrenos, para que sea reintegrada al patrimonio estatal por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la administración estatal.
Durante la administración de Yarrington, Cano Martínez habría obtenido múltiples contratos por ejecución de obra pública y, de acuerdo a las acusaciones que existen en Estados Unidos, parte del dinero obtenido del pago de esas obras fue entregado a Yarrington Ruvalcaba.
Las firmas de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, con sede en New York; Hance Scarborough, LLP, ubicada en Austin, Texas, y Ray Thomas Law Group, con oficinas en McAllen, Texas, representan al Gobierno de Tamaulipas en este caso.
Esta semana, la jueza de distrito de Estados Unidos, Hilda Tagle, aprobó una moción para postergar el juicio con jurado del exgobernador para el 14 de enero del 2020.
Yarrington Ruvalcaba se ha declarado no culpable de los 11 cargos federales que enfrenta y que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario.
En 2012, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) inició una investigación en su contra por presuntos nexos con los cárteles de la droga tamaulipecos, de los que habría aceptado millones de dólares en sobornos, para permitirles realizar sus actividades ilícitas.
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