La Fiscalía estatal procesa a cuatro implicados en los disturbios del pasado febrero bajo cargos de terrorismo, un recurso legal poco común en México pero que ya suma antecedentes en la entidad.
La violenta respuesta criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera «El Mencho» el pasado 22 de febrero ha llevado a las autoridades judiciales a un terreno de máxima severidad: la imputación del delito de terrorismo. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la vinculación a proceso de cuatro individuos señalados como responsables de la ola de incendios y actos vandálicos que paralizaron 24 municipios de la entidad hace apenas unas semanas.
Evidencias de un ataque planeado
A diferencia de otros estados que suelen optar por cargos de delincuencia organizada —más complejos de demostrar en juicios orales—, el Ministerio Público guanajuatense presentó pruebas que apuntan a una intención directa de infundir pánico colectivo. Entre las evidencias clave destacan bidones de combustible incautados y registros de video que muestran a los procesados preparando incendios en establecimientos y vehículos. Aunque inicialmente hubo más detenidos, 18 personas fueron liberadas bajo reservas de ley, lo que subraya el rigor necesario para sostener esta acusación.
Guanajuato: El estado que sí castiga el terrorismo
Mientras que a nivel federal este delito puede alcanzar los 30 años de cárcel, el Código Penal de Guanajuato establece penas de 6 a 12 años para quien utilice incendios o violencia para producir alarma en la población. Esta entidad se ha convertido en un referente inusual en el uso de esta figura legal; en los últimos nueve años, 81 personas han sido señaladas bajo este cargo, marcando una diferencia con el resto de México donde este tipo de actos vandálicos suelen minimizarse legalmente.
El saldo del terror
El balance en Guanajuato tras la caída del líder del CJNG fue de 77 eventos de quema de vehículos y comercios. Este endurecimiento en la tipificación busca enviar un mensaje contundente: cualquier acto destinado a presionar a la autoridad mediante el miedo será juzgado como un atentado a la seguridad nacional. Mientras el proceso avanza en este marzo de 2026, el sistema judicial tiene el reto de convertir estas vinculaciones en sentencias ejemplares que frenen las tácticas de «guerra urbana» del narcotráfico.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Guanajuato | © Redacción NoticiasPV Nayarit