La candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México supuestamente estaría implicada en una red de corrupción durante la actual administración mexiquense
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A cuatro días de que se lleve a cabo la elección a la gubernatura del Estado de México, una investigación periodística dio a conocer una presunta red de corrupción, mediante empresas fantasma, en la administración de Alfredo de Mazo Maza, en la que podría estar involucrada la candidata a la titularidad del ejecutivo local, Alejandra del Moral Vela.
El diario británico The Guardian publicó este miércoles 31 de mayo, en colaboración con la OCCRP y Forbidden Stories, una investigación encabezada por María Teresa Montaño y cinco periodistas más en donde relató cuando fue amedrentada y secuestrada en el Estado de México mientras indagaba sobre algunos contratos públicos del gobierno de la entidad.
Toda su investigación dio a conocer que entre 2018 y 2022, el Gobierno del Estado de México habría contratado alrededor de 15 empresas fantasma, mediante la celebración de 40 contratos, toda esta actividades tendría un valor de cinco mil millones de pesos.
Aunado a lo anterior, la periodista María Teresa Montaño habría descubierto que en los contratos estarían implicados algunos de los principales cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que destacarían presuntamente Erick Sevilla Montes de Oca y Alejandra del Moral, presidente del tricolor mexiquense y la candidata del instituto a la gubernatura cuando se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social.
Asimismo, se explicó que el equipo de periodistas se quiso poner en contacto con Sevilla y Del Moral; sin embargo, éstos “no respondieron a los correos electrónicos enviados por Forbidden Stories”.
En método de la investigación llevó a los realizadores a visitar las direcciones fiscales que aparecían en los contratos, momento en el que se dieron cuenta que “no había ninguna empresa con la dirección indicada”, pues los edificios o instalaciones no contaban con letreros, trabajadores o infraestructura; además, algunas otras fueron contratadas para bienes y servicios de los que no tenían experiencia o compartían domicilio o representantes legales con otras.
“Inusualmente, muchos (contratos) fueron otorgados al final de año cuando la mayoría de los empleados del gobierno están de licencia. Se ignoraron las solicitudes de información para conocer las pruebas en cada contrato”, se explicó.
Asimismo, se mencionó que los investigadores acudieron con el gobierno de Alfredo del Mazo para conocer su postura referente a la información que se había conocido; sin embargo, la administración indicó que todos los contratos fueron celebrados después de una licitación pública, además de que fue la Secretaría de Finanzas la que coordinó todos los movimientos, misma que entregó documentos a los investigadores.
Tras la entrega de dichos documentos, los analistas pudieron conocer que existía un patrón de “actos y omisiones”, lo que sugeriría que en la entidad podría estarse realizando un esquema de malversación de fondos mediante empresas fantasma.
¿Qué empresas estarían involucradas?
De acuerdo a la investigación, en Monterrey, Nuevo León, entre los primeros señalamientos se encontraría la empresa Sevacom presuntamente dedicada a proporcionar material para talleres como joyería, decoración de globos y mucho más, con la cual tendría la administración mexiquense 12 contratos idénticos con un valor de casi USD 5.2 millones (alrededor de 91 millones de pesos).
No obstante, la empresa sí existe, pero no se dedica a lo que se anuncia en el contrato, por el contrario, se trata de un negocio que vende productos de limpieza para el hogar. Incluso, en la investigación se pudo observar que los investigadores hablaron con el dueño y éste negó haber recibido contratos públicos, aunque el expediente del Estado de México presentaba fotografías de un almacén.
En otro caso, se cuenta que se adjudicó un contrato de mantenimiento por casi USD 100 mil (alrededor de dos millones de pesos) a una empresa de audiovisuales. Además, en otro documento se subcontrató por USD 500 mil (cerca de nueve millones de pesos) a una empresa constructora que tenía como dirección una estética en el Estado de México.
Asimismo, existieron tres contratos por 67 millones de pesos con una empresa de recursos humanos en Coatzacoalcos, Veracruz, conocida como Instituto C&A Inteligente, pero con sede en el Edomex; no obstante, la dirección no existía, pero la periodista observó que la empresa apareció y desapareció varias veces durante el año pasado.
Conviene destacar que en la investigación no se reveló cuáles son los contratos en donde aparece la candidata a la gubernatura ni el actual mandatario; sin embargo, los periodistas que crearon el artículo Las empresas fachada que roban los recursos públicos en Edomex explicaron que la información fue otorgada por el propio gobierno.
“Detrás de los convenios multimillonarios había empresas inconsistentes, sin capacidad probada, sin empleados o escaso personal, con domicilios ficticios o datos falsos que dejaron en el aire la aplicación final de más de 5 mil millones de pesos, son contar con ‘contratos inflados’ por servicios intangibles difíciles de fiscalizar de por sí”, se explicó.