Expertos de la UNAM señalan que el incremento de este sector exige actualizar leyes y facultades institucionales para erradicar el abandono y el maltrato.
El acelerado cambio demográfico en México plantea retos mayúsculos para la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, este sector poblacional pasó de representar el 12.3 por ciento en 2018 al 14.7 por ciento, evidenciando una tendencia al envejecimiento que demanda respuestas institucionales más sólidas. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que, a pesar de contar con marcos normativos y tratados internacionales, es imperativo adecuar los mecanismos legales para hacer frente a diversas formas de violencia que van desde el abuso económico y el maltrato psicológico hasta el abandono y la negligencia.
Ante estimaciones internacionales que señalan que una de cada seis personas mayores de 60 años sufre algún tipo de agresión, especialistas proponen ampliar las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). El modelo busca replicar esquemas de protección integral similares a los aplicados en la niñez, garantizando planes específicos de restitución de derechos y estableciendo sanciones administrativas para los servidores públicos que omitan actuar ante denuncias de violencia.
Retos demográficos, marcos de protección a grupos vulnerables y propuestas legislativas para garantizar el bienestar de la tercera edad:
– Transición demográfica: El grupo de 60 años y más muestra un crecimiento constante, alcanzando casi el 15% de la población total del país.
– Tipos de violencia: Se documentan agresiones físicas, sicológicas, patrimoniales y situaciones recurrentes de abandono institucional o familiar.
– Propuesta institucional: Expertos sugieren otorgar mayores facultades de intervención directa al INAPAM para asegurar planes efectivos de restitución de garantías.
– Sanciones a omisiones: Se plantea castigar legalmente a los funcionarios públicos que ignoren reportes de maltrato o vulneración de derechos en agravio de adultos mayores.
El fortalecimiento de los instrumentos legales busca garantizar una vejez digna y segura, adaptándose a las nuevas problemáticas sociales que enfrenta este sector prioritario.
Fuente: UNAM / Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica / INEGI | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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