* La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció el embate que iniciará en octubre contra los empresarios ligados al exgobernador …
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MONTERREY, NL (apro).- La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció el embate que iniciará en octubre contra los empresarios ligados al exgobernador Rodrigo Medina, quienes serán imputados por actos de corrupción en obras públicas.
Entre los casos que actualmente son investigados está el de Luis Carlos Castillo Cervantes, constructor conocido como “El Rey de los Dragones”, hallado culpable en Estados Unidos por sobornos y quien, en Nuevo León, durante la época de Medina, hizo trabajos de pavimentación por hasta 600 millones de pesos, dijo el subprocurador Ernesto Canales.
La agente del Ministerio Público, Gema Chávez Durán, explicó que ya hay un paquete de 10 expedientes para hombres de negocios y exservidores públicos estatales y municipales, que comenzarán a ser desahogados a los jueces de control, aunque se espera que en los próximos meses sean presentados muchos más casos, cuando les sean programadas futuras audiencias para las acusaciones.
En las siguientes audiencias comenzarán a desfilar empresarios, acusados de ejercicio indebido de funciones: Guadalupe Cantú González, administrador único de Gucan SA de CV, quien acudirá ante el juez el 2 de octubre por la entrega al Sistema Estatal de Caminos (SEC) de una obra inconclusa de pavimentación en el camino al paraje turístico Grutas de Bustamante, por la que se embolsó siete millones de pesos.
El 8 y 9 de octubre comparecerán, respectivamente, Yanzy Guadalupe Garza Sáenz, de la empresa Desarrollos Industriales Hatori, y Jorge Humberto González López, de Construcción Géminis, para escuchar las acusaciones por haber firmado obras ante la SEC por tres millones de pesos, como representantes legales de empresas que ya habían iniciado procesos de disolución, un acto que es sancionado por la ley.
Chávez explicó que el Artículo 107 del Código Penal de la Entidad, faculta a la Fiscalía para emprender acciones no sólo contra servidores públicos, sino también en contra de los particulares cuando estén involucrados en actos de corrupción en contra del gobierno.
Como parte del paquete de imputaciones que serán presentadas en audiencias próximas, serán citados otros empresarios, así como funcionarios municipales y estatales que ya dejaron sus cargos, algunos de los cuales ya son “clientes” de la fiscalía, dijo la representante social.
Los exservidores públicos, que estaban programados para comparecer este martes 26, acusados de ejercicio indebido de funciones, son los siguientes: del Instituto de Vivienda de Nuevo León, Humberto Eliéser Salazar Sepúlveda, director de Administración y Finanzas; Soila de León Cantú, directora de planeación y proyectos; y Juan Manuel Fernández García, director.
Los días 4 y 5 de octubre, enfrentarán imputaciones por los mismos delitos de ejercicio indebido de funciones, del Sistema Estatal de Caminos: Víctor Ramón Martínez Trujillo, director y Pelegrín Contresas Meza, subsecretario de Obras Públicas. El 11 acudirá José Carlos Silva, quien fuera encargado de maquinaria, acusado de lo mismo, más falsificación de documentos oficiales.
El día 6 de ese mes, Julián Hernández Santillán, extesorero de Monterrey, por delito contra el patrimonio del estado y los municipios; el 17 de octubre, serán imputados por peculado el anterior alcalde de Zaragoza, Juan Arturo Guevara Soto y su tesorero, Omar Ismael Pérez Hernández.
“El Rey de los Dragones”
El Fiscal Anticorrupción Ernesto Canales señaló que Nuevo León indaga los sobornos que pudo haber entregado en el estado el llamado “Rey de los Dragones”, después de que confesara en la Unión Americana los actos de corrupción en los que incurrió para agenciarse obras en diversos estados de la República Mexicana.
En el juicio, que incluyó numerosas audiencias públicas, el empresario reveló que repartió dinero para emprender obras de carpeteo aquí.
“En las investigaciones nuestras, ubicamos más de 600 millones (de pesos) en obra contratada y pues uno y uno son dos. Por un lado está la confesión ante un jurado en Estados Unidos de que dio ‘mordidas’ al gobierno de Nuevo León y por otro lado los contratos otorgados por el mismo gobierno”.
“Nuestra función es determinar los sobreprecios a través de pruebas periciales, pero no tenemos acceso a las cuentas bancarias, de manera que es una limitante importante, que subsanamos con otras informaciones que podemos conseguir, pero que no son tan ágiles, como aplastar una tecla y recibir información”, dijo.
Castillo Cervantes fue encontrado culpable en EU por lavado de dinero, pero se encuentra purgando su condena en libertad, luego de ceder bienes por cinco millones de dólares.
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