La organización civil revira a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana: el proceso electoral 2024 es el más violento en la historia moderna; y advierte: lo peor es que los ataques continúan tras las elecciones.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El proceso electoral de este año fue el más violento de la historia moderna de México porque así lo indican los datos recopilados a lo largo de varios años por Data Cívica y otras organizaciones civiles que contradicen las cifras sobre asesinatos de candidatos presentadas en la mañanera del martes 25 último por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Según la funcionaria, en el proceso electoral de este 2024 murieron asesinados 12 candidatos registrados ante los institutos electorales locales, mientras que en la contienda de 2018 se reportaron 20 homicidios de este tipo.
La directora de Data Cívica, Mónica Meltis, dice a Proceso que el gobierno no tiene manera de sustentar esas cifras, que están muy por debajo de lo que revelan los registros de violencia política que llevan varias organizaciones civiles.
“No hay cómo les den esos números”, asegura Meltis, cuya organización desarrolló el sistema de monitoreo de violencia político-criminal Votar entre Balas.
De acuerdo con esa plataforma, únicamente en el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2023, cuando Claudia Sheinbaum fue electa candidata presidencial de Morena, y el 2 de junio de 2024, día de los comicios, fueron asesinados 37 candidatos y precandidatos, tres veces más de los que reportó la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
En los cinco meses previos a la elección, de enero a mayo de 2024, los candidatos y precandidatos asesinados fueron 29 –siete más que en 2018–, otro más desapareció, nueve fueron secuestrados y 44 fueron víctimas de ataques armados y atentados, de acuerdo con Votar entre Balas.
Esa plataforma indica que, en los cinco meses previos a la elección de 2018, de febrero a junio, fueron asesinados 22 candidatos y precandidatos, uno desapareció, cuatro fueron secuestrados y 24 sufrieron ataques armados y atentados.
En las campañas de 2024, el número de aspirantes a cargos de elección popular que fueron víctimas de la violencia político-criminal llegó a 83, un 62% más que en el proceso electoral de 2018.
Para Meltis, las cifras divulgadas en la mañanera del 25 de junio último por la secretaria Rodríguez responden al aparente propósito de este gobierno de minimizar el fenómeno de la violencia político-criminal con la recurrente modalidad de los “otros datos”.
Idea equivocada
Rodríguez incluso dijo que existe un “interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente”. Pero esto, “no es así”, sostuvo.
La coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, asegura que la funcionaria federal omite los hechos de violencia ocurridos en las precampañas, en las que el crimen organizado también busca incidir.
Dice que, además, “el enfoque de la secretaria está en asesinatos, cuando la violencia tiene manifestaciones más amplias y diversas”, como secuestros, ataques armados, atentados, amenazas, y afecta no sólo a candidatos, sino a funcionarios públicos, autoridades de elección popular, militantes de partidos, familiares de todos ellos e integrantes de fuerzas de seguridad.
Los datos de Votar entre Balas son abiertos y están documentados con los nombres, circunstancias, militancia y lugares donde ocurrieron los ataques contra candidatos, funcionarios públicos, autoridades de elección popular, familiares de esos actores y militantes de partidos.
La plataforma sólo registra ataques que, por sus características, como el uso de armas de alto calibre, sugieren la operación de grupos de la delincuencia organizada.
Meltis indica que luego de las elecciones del 2 de junio la violencia política continúa en el país y ninguna autoridad parece interesada en hacerle frente.
Lo que se ha observado desde 2018, año en el que Votar entre Balas comenzó su monitoreo, es que el grueso de los ataques a políticos se concentra en las etapas previa y posterior a la jornada electoral, más que el día de los comicios, y lo que ahora se puede esperar es que la violencia mantenga o supere los niveles históricos que alcanzó durante las campañas de este año.
La plataforma de Data Cívica ha registrado en las dos primeras semanas de junio, 21 agresiones contra candidatos y funcionarios electos, entre ellos siete asesinatos.
Meltis considera que, de acuerdo con la tendencia, “van a seguir los asesinatos en un contexto de violencia generalizada” en varias regiones.
Dice que en los días posteriores a las elecciones suelen darse arreglos y negociaciones entre el crimen organizado y actores políticos, los cuales no están exentos de medidas de intimidación, coerción y uso de violencia.
Durante este proceso electoral, el más violento de la historia, los ataques contra candidatos ocurrieron sobre todo en tres estados, Chiapas, con 18 víctimas; Guerrero, con 17, y Puebla, con 17, y los principales partidos por los que contendían los atacados fueron Morena, con 34 víctimas; la coalición PAN-PRI-PRD, con 16, y Movimiento Ciudadano, con ocho.
Tema para Sheinbaum
Meltis señala que la violencia político-criminal es, más que un tema partidista, un asunto institucional, ya que no hay elementos para afirmar que un partido está más coludido que otros con el crimen organizado.
Los delincuentes, dice, negocian con el partido que esté en turno, en especial a escala municipal y estatal, donde ocurren la enorme mayoría de los ataques.
La politóloga, cofundadora del grupo feminista La Cuarta Ola y directora de Data Cívica, sostiene que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe hacer frente al fenómeno de la violencia político-criminal y establecer ese tema como una prioridad de su gobierno, que iniciará el 1 de octubre próximo.
Además, agrega, lo debe hacer como parte de la estrategia de seguridad.
Entender este fenómeno fuera del contexto de la estrategia de seguridad es un error –dice Meltis–, porque no es algo coyuntural, es una realidad que nos está diciendo cómo los grupos del crimen organizado están buscando influenciar la toma de decisiones de política pública a nivel local.
Y esto, agrega, es un desafío al sistema democrático.
Hay que investigar, sostiene, quiénes están tomando las decisiones políticas y por qué, y cómo se están ejerciendo los recursos públicos en los gobiernos locales.
“Esto incluso tiene que ver con una perspectiva de gobernabilidad”, indica, por lo cual es muy importante que Sheinbaum le dé a este asunto la relevancia que merece.
Meltis considera que es un tema de la mayor relevancia social que debe seguir en el foco de la opinión pública pese a que la contundente victoria electoral de Morena lo haya relegado a un segundo plano en el interés mediático.
Este fenómeno, dice, lo ha documentado Data Cívica desde 2018, no solamente en los momentos electorales, sino de manera permanente, y uno de los hallazgos es que el grueso de los asesinatos y la violencia político-criminal no está dirigida hacia las candidaturas sino hacia las personas funcionarias públicas, lo que revela un proceso “de captura del aparato del Estado”.
En estos seis años y medio de operación –del 1 de enero de 2018 a la actualidad–, la plataforma Votar entre Balas ha registrado los homicidios de 135 candidatos, 241 funcionarios públicos y 135 autoridades de elección popular, como alcaldes, síndicos, regidores y diputados.
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