La SCJN notificó a la Fiscalía la admisión de la controversia el pasado 17 de febrero, por lo que fue turnada a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que elaboré un proyecto de resolución en el que deberá pronunciarse sobre la secrecía de una indagatoria penal frente a los expedientes de sanción.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) para impugnar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) en la que se ordena a la FGR la entrega de una copia de cuatro carpetas de investigación relacionadas con el caso Odebrecht y el pago de presuntos sobornos al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
De acuerdo con el expediente, la Suprema Corte notificó a la Fiscalía la admisión de la controversia el pasado 17 de febrero, por lo que fue turnada a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que elaboré un proyecto de resolución en el que deberá pronunciarse sobre la secrecía de una indagatoria penal frente a los expedientes de sanción que elaboran las autoridades electorales como el INE y el TEPJF.
El turno a la ministra Loretta Ortiz podría originar el impedimento de la misma para conocer del asunto derivado de que podría incurrir en un conflicto de interés, ya que su esposo es el actual Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la FGR, Agustín Ortiz Pinchetti.
Previamente, la ministra Ortiz Ahlf ya había declarado incompetente para estudiar y resolver una primera controversia constitucional presentada por la FGR contra otra orden del TEPJF de entregar al INE la carpeta de investigación iniciada por las autoridades ministeriales contra Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador y el ex director de Protección Civil, David León Romero, por la presunta entrega de dinero ilícito para campañas electorales.
El impedimento presentado por la ministra Loretta Ortiz fue analizado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que esta semana podría presentar ante la Primera Sala de la Suprema Corte un proyecto de resolución para definir si el impedimento por conflicto de interés es procedente o no.
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