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En las últimas décadas, la lucha contra la corrupción se ha consagrado como una prioridad social, política y legislativa, señala una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Subraya que se ha hecho mucho para combatir el problema; sin embargo, las acciones realizadas hasta el momento no se han traducido en una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a atacar la impunidad prevaleciente en la inmensa mayoría de los delitos cometidos en el país.
A pesar del auge que ha tenido el enfoque punitivo y la aprobación de reformas drásticas, como la prisión preventiva oficiosa en 2019, la realidad es que en México la corrupción se castiga poco y cada vez menos, tanto por la vía administrativa como la penal, se subraya en el documento.
En el plano administrativo, se expone, la sanción a faltas graves cometidas por servidores públicos es marginal y con una tendencia decreciente, sobre todo a escala federal. Entre 2016 y 2020, el número de destituciones de funcionarios federales registró una disminución de 71 por ciento, mientras las inhabilitaciones cayeron 68 por ciento en el mismo periodo.
Desde el punto de vista penal, la política contra la corrupción es poco efectiva, pues hay enormes distancias ente la cantidad de investigaciones que se abren, las personas que son acusadas formalmente ante un juez, las que ingresan a la cárcel y las que son sentenciadas, se subraya en el estudio ¿Cómo se castiga la corrupción en México?
Destaca que entre 2014 y 2020, las fiscalías y procuradurías federales y estatales abrieron 140 mil 202 averiguaciones previas y carpetas de investigación por hechos de corrupción. En ese mismo periodo fueron imputadas 85 mil 953 personas.
Para 2021, había sólo mil 465 presos por delitos de corrupción de los fueros común y federal, de los cuales sólo 29 por ciento estaban sentenciados. En ese año, la población penitenciaria del país era de 220 mil personas.
La investigación refiere que el número de presos por actos de corrupción es significativamente menor al de otros delitos. Por robo, en 2021 había más de 125 mil encarcelados; por homicidio, 51 mil, y por secuestro, 37 mil. De hecho, al cierre de ese año había más personas recluidas por el delito de aborto (313) que por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias (75).
La baja en sanciones tiene múltiples causas, entre las que se encuentran la reducción del presupuesto de las instituciones que tienen la atribución de control, seguimiento y auditoría en el uso de los recursos públicos, debilitamiento y pérdida de eficacia de las labores de fiscalización e integración incompleta del Sistema Nacional Anticorrrupción.
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