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Familiares de víctimas de desaparición así como organizaciones sociales se manifestaron este miércoles 30 de agosto en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Integrantes del El Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) han marchado del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir la aparición con vida de familiares y amigos víctimas de desaparción forzada, entre ellos los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los activistas desaparecieron el 25 de mayo de 2007. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Oaxaca en 2009, misma que fue aceptada dos años después.
Por su parte, en el monumento a Cuauhtémoc, madres, padres, hermanas e hijos de personas desaparecidas colocaron fotografías de sus seres queridos, así como mariposas color verde -emblema de su campaña de este año-, lamentaron que la relación con gobierno federal se ha ido volviendo “distante”.
Exigieron además Estado mexicano fortalecer las acciones de búsqueda y que se convoque de manera urgente a una audiencia para acordar en conjunto una ruta de trabajo para la atención de puntos prioritarios de la agenda y la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Conmemoración, en contexto de violencia institucional
Los asistentes al marcha hacia el Zócalo también demandaron justicia por las muertes de los integrantes del MULT, que desde mayo de 2022 a la fecha han sido asesinados 12, las últimas Gertrudis Cruz de Jesús y Cliserina Cruz Merino, el 15 y 16 de junio de este año.
Al leer un comunicado, señalaron que la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada se da en un contexto de violencia institucional contra quienes mantienen la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, aunadoa esto, aseveraron, la impunidad prevalece para todos los casos de desaparición forzada.
“La promesa que hiciese el actual representante del Ejecutivo federal para la impartición de justicia en los casos de desaparición forzada se queda en palabras huecas que no se han concretado en el periodo del gobierno morenista, éste le apuesta a la simulación, desgaste, indiferencia e indolencia, la ruta que prefirió seguir fue la evasiva a los familiares de los detenidos desaparecidos para asegurar la impunidad y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos”.
Indicaron que con la estrategia de la militarización en el país, las cifras de detenidos desaparecidos incrementaron en un 43 por ciento, estadística que deja al descubierto la magnitud que ha alcanzado el crimen de la desaparición forzada en la administración actual, por lo que reafirmaron que la desaparición forzada y la violencia institucional no son herencia de gobiernos pasados, son parte de las prácticas del “terrorismo” de Estado que cometen las corporaciones policiaco militares como continuidad de la política de Seguridad Nacional.
“Política que privilegia el desarrollo económico en las zonas geográficas del país en el que se encuentran riqueza natural, energética o zonas estratégicas para la circulación del capital monopolista nacional y trasnacional.
“Las víctimas de desaparición forzada aumentan en los estados del país en el que se despliegan las fuerzas castrenses como medida de protección a los intereses oligárquicos, de ahí que en los estados en los que se da el plan de desarrollo económico la violencia institucional deje a su paso el derramamiento de sangre”.
Estado, aún sin acatar sentencia por caso Reyes y Cruz
Recordaron que en el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a un año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera el fallo a favor de las víctimas, el Estado mexicano aun no acata la sentencia para la restitución de los derechos violados en la humanidad de ambos activistas, lo que hace es dar continuidad al cometido del crimen de la desaparición forzada.
“Con el manto de la impunidad el Ejecutivo federal protege a las fuerzas castrenses, responsables materiales del deleznable crimen cometido, por su parte la Secretaria de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Ministerial (PM); instituciones señaladas en cumplimentar la sentencia; alargan el proceso de investigación sin que exista la intensión de localizar bajo la presunción de vida a Edmundo y Gabriel”.
Hecho que viola los convenios internacionales en la creación de medidas para investigar, prevenir y enjuiciar a los responsables de la desaparición forzada, máxime al tratarse de una sentencia judicial que ordena agilizar la búsqueda en los cuarteles militares y en los lugares donde se presume se les pueda encontrar con vida”.
Agregaron que en el caso de Fidencio Gómez Sántiz, el gobierno de Chiapas pretende ocultar el crimen cometido el 5 de marzo de 2016, con el supuesto extravío de la carpeta de investigación intenta deslindarse de la responsabilidad que comparte con gobiernos pasados, al no restituir la carpeta de investigación por el crimen de la desaparición forzada el daño se profundiza y no termina.
“Con el asesinato político del compañero Héctor Sántiz López y la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz el gobierno pretendió desmovilizar la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, intento que no fructificó y a través del grupo paramilitar los petules se cometió la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz; los asesinatos políticos de los compañeros: Ramiro Rodríguez Sántiz, en el ejido El Carrizal el 20 de febrero de 2021, de Mario Alberto Vázquez Aguilar y Efraín Espinoza Pérez el 04 de mayo del mismo año por el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos en coordinación con la Guardia Nacional en el municipio de Venustiano Carranza, tenía la intensión de desviar la lucha por la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”.
“El hecho más reciente que ejemplifica la violencia institucional que se ceba en nuestra contra es la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz cometida el 23 de julio del presente, que antes de ser ejecutado de manera extrajudicial fue torturado por agentes del Estado”.
Añadieron que si la primicia de este gobierno es ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, “el jefe supremo de las fuerzas armadas debe mostrar acciones concretas que dé con el paradero de los miles de víctimas de desaparición forzada, de lo contrario la historia lo reconocerá como un gobierno indolente, demagogo, simulador que no cumplió con el compromiso que hiciese a los familiares de los detenidos desaparecidos sobre la impartición de justicia”.
Demandan designación en CNB
“Hemos vivido la reducción de espacios de participación sustantiva y el enfriamiento del diálogo, lo cual obstaculiza la participación de las familias y colectivos en las estrategias institucionales”, reprocharon familiares de personas desaparecidas.
En el acto simbólico “El vuelo incansable, hasta encontrarles”, en el Monumento a Cuitláhuac, en la Ciudad de México, el 30 de agosto de 2023. Foto Yazmín Ortega Cortés.
Ante las 111 mil 49 personas desaparecidas “y con una crisis institucional que se agudiza con la ausencia de la titular de la CNB” urge garantizar “una participación efectiva de las familias, en un diálogo abierto y transparente que implique todos los asuntos que impliquen nuestros derechos comO familiares y de quienes buscamos, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones del Comité de la ONU contra la desaparición forzada y otros mecanismos nacionales e internacionales”.
Aglutinadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 86 colectivos del país y Centroamérica, en este 30 de agosto reiteraron su exigencia por la pronta localización de sus seres queridos.
Asimismo, demandaron que el censo del gobierno federal sobre personas desaparecidas “no implique una estrategia de disminución intencionada del número registrado de desaparecidos y transparente su metodología de implementación”.
En este sentido, Araceli Rodríguez, quien busca a su hijo Luis Ángel León Rodríguez, y a otros seis policías federales desaparecidos en Michoacan el 16 de noviembre del 2009, señaló que en su caso recibió a servidores de la nación quienes acudieron a su domicilio en el Estado de México a preguntar sobre si su hijo ya había aparecido.
“Es inadmisible, revictimizante… llegar a las casas a preguntar, toda vez que las familias no sabemos qué metodología utilizaron, cómo le hicieron para llegar a este censo casa por casa”, expuso.
Se solidarizan con familiares de víctimas de desaparición
La Compañía de Jesús en México señaló que “abrazamos a miles de familias que buscan a sus seres queridos y nos unimos a sus exigencias de verdad, justicia y medidas de no repetición”.
La orden se solidarizó e invitó “a la sociedad en su conjunto a unirse con empatía a las acciones de los movimientos y colectivos de familias de todo el país”.
Asimismo exhortó a “todos los niveles de gobierno a hacer frente a este flagelo. Hacemos oración para que la sociedad en su conjunto acompañe esta dolorosa lucha”.
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