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Ciudad de México. No habían pasado 48 horas del impacto que se vivía en septiembre de 2014 en la escuela normal de Ayotzinapa cuando el equipo de defensores del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se apersonó en ese plantel, en las orillas de Tixtla, donde reinaba el desconcierto, el susto y un sentido de urgencia. Todavía no se dimensionaba el tamaño de la tragedia. Los padres de los estudiantes que habían salido a Iguala el día 16 y habían sido atacados en una operación conjunta de delincuentes y agentes del Estado se habían concentrado ahí. Se hablaba al principio de 67 desaparecidos.
Tlachinollan tenía asignado desde 1997 a uno de sus abogados como asesor jurídico de la Normal, que ya sufría esporádicamente acciones represivas. Era Vidulfo Rosales, un hombre que viene del mismo mundo de pobreza y marginación de los estudiantes y sus familias, originario de la comunidad me phaa (tlapaneco) de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, un pueblo de La Montaña guerrerense en donde, todavía en los años noventa, los niños hacían sus tareas de primaria y secundaria a la luz del ocote encendido, “porque comprar velas para los candiles solo era cosa del doctor, el cura y los maestros”; un sitio remoto del que, para viajar al centro urbano mas cercano, Tlapa, había que caminar cinco horas y tomaba diez horas mas para bajar en algún camión de la Coca Cola o la Conasupo, los únicos vehículos que se remontaban a estas latitudes incomunicadas.
Egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, el segundo abogado que sale de su comunidad, Rosales (47 años) recuerda esos días. “Teníamos experiencia en casos fuertes de represión, incluso de desaparición forzada. Pero al llegar nos dimos cuenta de que enfrentábamos una situación que nos rebasaba. Todos eran padres campesinos. No sabían de estrategias para denunciar, buscar. Cada uno venía con muchos familiares. Era una masa grande de puros familiares. Pidieron al comité de estudiantes de la normal que prestaran uno de los autobuses que habían retenido para la movilización del 2 de octubre para ir a buscar por aquí, por allá”.
Era uno de los autobuses tomados por el movimiento estudiantil, como se había hecho ya costumbre en las normales rurales de todo el país, que hacían acopio de transportes para trasladarse en masa a la Ciudad de México para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 68. “Ya tenían seis camiones. Pero se habían comprometido a juntar 20 para mover a 1,200 estudiantes”.
De los primeros 67 muchachos no localizados, la lista se acortó a 57 en la medida en la que los estudiantes dispersos se reportaban. Finalmente fueron 43 de los que ya nunca se volvió a saber nada.
Tlachinollan ya tenía experiencia en litigios fuertes, como el asesinato de los dos normalistas en la Autopista del Sol en 2007 y la desaparición de dos defensores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Ayutla en 2009. Y anteriores, como el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me phaaa violadas tumultariamente por soldados. “Ese caso sí me toca llevarlo. Fue uno de los casos de Guerrero que más avanzó en la justicia internacional y sentó bases y lineamientos en el tema de la violencia contra la mujer y el abuso como la tortura y la restricción del fuero militar”.
Vidulfo se había recibido de la carrera de derecho en 1999. Guerrero era objeto de una fuerte represión en las comunidades por la militarización. El ejército combatía a las guerrillas y hubo mucha desaparición y ejecución de campesinos, como en El Charco en 1998.
Nada podía prepararnos para algo así
“Pero nada podía prepararnos para una cuestión como la del 26 de septiembre de 2014. Los primeros días todos pensábamos que con el tiempo los compañeros no localizados se iban a ir reincorporando. Pero cuando encontraron sin vida a Julio César Mondragón Fontes nos sacudió mucho. Y el tema se fue haciendo mucho más grande con la inmediata movilización social, primero en Guerrero y ene poco tiempo a nivel nacional e internacional.
“Los primeros días todo era muy caótico. Nosotros intentábamos darle un orden al caso, metidos en el tema jurídico, recabando documentos, testimonios”.
–¿Cómo fue su primera experiencia con el aparato de justicia al momento de presentar las denuncias?
–Como siempre: el Ministerio Público era muy despótico, los funcionarios hacían todo sin ganas. Hubo mucha revictimización, un desgaste enorme. Y el gobierno de Guerrero totalmente pasmado, sin saber qué hacer. Yo miraba un Ángel Aguirre (entonces gobernador) omiso. Apenas por presión de nosotros el día 29 se empezó a mover para la búsqueda con los mapas y la información que nosotros llevamos. Cuando vimos que como Tlachinollan no íbamos a poder solos pedimos el apoyo de el Centro Pro Juárez, Serapaz y Fundar.
“Como la movilización y la presión fueron creciendo el gobierno aceptó que vinieran los peritos internacionales. Primero acreditamos a los antropólogos forenses argentinos, previendo que nos entregaran cuerpos que no eran”.
–¿Cambia el curso de la investigación y el trato a partir de que la PGR atrae el caso y ustedes tienen que tratar con Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto?
–Todo se vuelve más cerrado. Dejan de tomarnos en cuenta. La presión social nacional e internacional aumentó a tal grado que hubo una situación política inmanejable. Me parece que ahí es cuando toman la decisión del basurero de Cocula, de pretender que ya encontraron los cuerpos y decir ya no le busquen, ahí quedó. Esa fue su salida política.
“En el fondo estaba la necesidad de encubrir autoridades de muy alto rango. Ellos –el exsecretario y el exsubsecretario de Gobernación, el expresidente, los generales– siempre tuvieron la información. Los exsecretarios de Defensa y Marina sabían bien lo que hacían los estudiantes desde el momento en que salieron de Ayotzinapa hacia Iguala, la persecución de la que fueron objeto, su detención y a dónde se los llevaron.
“Su salida fue la verdad histórica. Matan varios pájaros de un tiro: todo se reduce a la responsabilidad de un grupo delincuencial en complicidad con autoridades municipales de Iguala. Fin de la historia. Con eso ya no tienes que tocar a la policía federal, al ejército, al gobierno federal, a nadie más. Todo el espectro de responsabilidades queda reducido a un ámbito municipal. Con eso le dicen a los padres: aquí tienes tus resultados y si no los quieres aceptar ya es una cuestión subjetiva, tu solicitud ya tiene otros objetivos políticos, ideológicos. Y pasan luego luego a la confrontación.
–Entones empieza el golpeteo mediático, buscan responsabilidades y culpas entre los estudiantes y los padres ¿Cómo lo vivieron ustedes?
–Y lo vimos inmediatamente. Toda esa policía federal que tenían en Guerrero buscando a los estudiantes de pronto aparece armada de escudos y toletes enfrentando a las movilizaciones y conteniendo a los padres de familia. Se voltean en contra de nosotros.
“Después de la renuncia de Aguirre el gobernador interino de aquel entonces, Rogelio Ortega, jugó un papel muy desafortunado a pesar de que venía de la corriente progresista. Se metió a dividir, ofreció dinero, trató de convencer a algunos familiares para que cambiaran de defensa jurídica, hablándoles mal de Tlachinollan, ofreciendo pagar otra asesoría. Estuvo a punto de dividir a los padres en la normal. No lo logró”.
Rosales relata que un día fue contactado por uno de los compañeros del movimiento que se había alineado con Ortega. “Me vino a ver a las 12:00 de la noche a la Ciudad de México y me dijo que el gobernador me pedía que le facilitara una reunión con el ERPI para poder terminar con todo esto. Yo ni los conocía, eso le contesté aunque él insistía. Y le pregunté ¿Crees que esto se va a calmar con que el gobernador hable con el ERPI? Si esto es de los padres de los 43 que buscan a sus hijos, de nadie mas. Entonces me saca un maletín lleno de dinero, que de parte del gobernador “para que te ayudes”. Lo rechacé. Cerró el portafolio y me advirtió: “También me dice el gobernador que tienes como 20 carpetas judiciales abiertas y algunas con órdenes de aprehensión. Tu dirás. Contesté: hagan lo que tengan que hacer. Y yo, junto con las madres y padres, haremos lo que tenemos que hacer”.
Justo después de eso empezaron las campañas de descrédito de parte del gobierno federal. “Fue muy complicado. Pero no lograron dividirnos”.
La verdad sacrificada
–¿Ninguna división?
— Fricciones. Pero también hemos salido fortalecidos. Yo creo que los mantiene juntos el amor a sus hijos. Hemos tenido algunas mermas, como cuando se fue este compañero Felipe de la Cruz, que tenía acercamientos con Aguirre y con empresarios de Iguala, entre ellos un señor que se llama Pedro Segura. Finalmente se llevó a marchar como a cuatro a favor de la libertad de José Luis Abarca. Ahí sí, ellos fueron expulsados”.
–¿El momento mas difícil en estos nueve años?
–Fue con Enrique Peña Nieto, cuando corrieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Tuvimos que meter todos nuestros esfuerzos para que no se cerrara el caso. Y en ese periodo nos fue muy útil el segundo informe del GIEI que nos dejó algunas recomendaciones sobre las líneas de investigación que se tenían que seguir. Lo logramos.
“Luego se emitió un amparo del primer tribunal colegiado del 19 Circuito en Reynosa, Tamaulipas, tomando en cuenta todas las líneas de investigación. Concluyó que era necesario crear una Comisión de investigación con facultades penales. En esta propuesta está inspirada la COVAJ, por cierto. Otra cosa que nos sostuvo fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casi todas sus sesiones ordinarias nos convocó a nosotros y al gobierno de México para revisar el caso.
–Así llegan al 2018…
–Había muchas esperanzas de los padres. Pero yo tenía mala espina porque el gobierno se negó a crear una comisión con facultades de investigación penal con lo ordenaba el tribunal de Reynosa. Pudo ser un modelo de mecanismo de justicia transicional inédito en el mundo. Al principio el presidente estuvo de acuerdo. Cuando llegó a las manos de Julio Scherer Ibarra (exconsejero jurídico de presidencia) lo desautorizó argumentando que se desnaturalizaban las facultades del ministerio público y se violaba la constitución. Se encasillaron en esa visión. Fue la misma respuesta que dio el equipo de Enrique Peña Nieto.
–Cuando hablan de los obstáculos con los que han topado mencionan al ejército, a la marina…pero no siempre a la Fiscalía General de la República.
–Cuando estuvo al frente de la fiscalía especial, la UEILCA Omar García Trejo, trató de darle un aire diferente a la unidad. Pero dentro de la fiscalía quedó el grupo duro del régimen anterior que construyó la verdad histórica. Esos no salieron. Y Omar mantuvo una lucha muy dura con ellos. Finalmente terminó siendo desplazado por esos grupos que siguen ahí metidos.
–A cuatro años de iniciada la nueva etapa de apertura con AMLO el proceso se volvió a empantanar. ¿Porqué?
–Porque si el ejército pusiera a nuestra disposición toda la información de su intervención en torno a los hechos, saldrían con responsabilidad penal muchos militares de alto rango tendrían que ir a la cárcel. Mi temor es que verdad va a ser sacrificada.
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