La Procuraduría Fiscal de Hacienda dijo que el problema es que los delitos fiscales están catalogados como delitos no graves, y que la defraudación fiscal a la autoridad se convirtió ‘en un deporte nacional’.
ElFinanciero.com.mx | Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo este jueves que van por los delincuentes que hacen de la defraudación fiscal su modo de vida, por esos defraudadores que juegan golf, o que se ven en Ferraris y helicópteros.
“Lo que queremos es al delincuente peligroso, al que hace de la defraudación fiscal su modo de vida, los que viven de estos esquemas, (vamos por) esos defraudadores y encantadores que vemos jugando golf, que vemos en helicópteros, que vemos con los Ferraris, a esos no los queremos en la calle”, sostuvo Aranda.
También refirió que esta procuraduría de Hacienda busca realizar reformas a diversas leyes para poder detectar y castigar a los beneficiarios finales de las operaciones que inician con facturación falsa y terminan en defraudación fiscal o lavado de dinero.
El defraudador fiscal es un delincuente de “cuello blanco” porque al final de cuentas la regla general es que son delincuentes profesionales o de negocios con alto estatus social o económico, explicó Aranda en su participación en el Primer Seminario de Corrupción y Lavado de Dinero en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Romero Aranda indicó que en la normatividad hay delitos fiscales patrimoniales (defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y contrabando y equiparado) y delitos fiscales de conducta (cambio de domicilio fiscal sin aviso, no estar inscrito en el RIF y no llevar contabilidad).
Apuntó que el problema es que los delitos fiscales están catalogados como delitos no graves, por lo que la defraudación fiscal a la autoridad se convirtió “en un deporte nacional” y aunque existe la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación para combatir el fraude fiscal, el esquema jurídico actual no permite llegar a los autores materiales y beneficiarios de las factureras.
“La encomienda que tenemos es llegar a las cabezas; nuestro marco jurídico no nos permite llegar a los beneficiarios finales porque estas factureras nos presentan unas personas de escasos recursos que son las que aparecen como accionistas de empresas que al final son fantasma”, apuntó.
Romero Aranda comentó que en el Senado se analiza una reforma en la cual se propone modificar la Ley Federal Contra Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional.
“Los cambios que propondremos tendrán el objeto de equiparar los delitos de defraudación fiscal con delincuencia organizada. Ese esquema de excepción nos va a permitir tener escuchas, hacer cateos y tener infiltrados. Buscamos seguir la huella del dinero y empezar a hacer investigación e inteligencia y poder ver a dónde llega el dinero”, subrayó.
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