Se atora la lucha anticorrupción

*Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción…

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jacqueline Peschard Mariscal, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entrevistada un día después de que éste entró en vigor, admite: “Estamos frente a un vacío institucional que implica el no cumplimiento del mandato constitucional y legal”.

El SNA se echó a andar con fuertes carencias, como la falta del correspondiente paquete de leyes, el nombramiento de fiscal general y de fiscal anticorrupción

César Chávez Flores, exvisitador de la PGR, coincide con ella y señala que, conforme a un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2014, al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), el procurador en funciones pasaría en automático a ser el fiscal.

Ambos coinciden en que este punto obstaculiza el avance del sistema, pues tal nombramiento automático no es deseable. Incluso hay una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para que se reforme ese transitorio, pero el Congreso no la ha procesado.

Sin polemizar, Peschard lamenta: “No se ha hecho porque no hay voluntad, porque no hay acuerdos para hacerlo… También entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual amplía la posibilidad de identificar actos de corrupción, ya que el Órgano Interno de Control, que realiza la investigación de una posible falta administrativa grave, no será el sancionador, sino que será un magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa especializado en materia de corrupción”.

Dicho tribunal estará integrado por 18 magistrados, quienes fueron propuestos por Peña Nieto cuatro días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Senado, por lo que no dio tiempo de dictaminarlos: “Son una falta importante dentro de esta ley, tuvieron un año para cumplir el mandato pero no se hizo el nombramiento”, comenta Peschard.

También está pendiente la conformación de los Sistemas Locales Anticorrupción con los parámetros y criterios del sistema nacional. Sólo tres los cumplieron: Querétaro, Jalisco y Nuevo León.

Pese a todo, Peschard asegura: “El SNA está instalado, está funcionando, tiene que cumplir por ley con una serie de requisitos, como edificar una plataforma nacional digital con las distintas bases de datos para tener toda la información y cruzarla para que se puedan hacer investigaciones en esa materia. En eso estamos”.

Chávez Flores, uno de los candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, quien se autoexcluyó del proceso por considerar que el modelo actual no permite que esa instancia sea autónoma, argumenta:

“La ausencia de los magistrados en responsabilidades de materia administrativa significa que no existe el tribunal que conocería los casos de responsabilidades graves que se generen a partir de hoy. Aquí hay una ventana de tiempo porque, según la nueva Ley General de Responsabilidades, las conductas que conocerán son las catalogadas como graves que se cometan a partir de este día.

“Las que se cometieron antes del miércoles 19 de julio de este año tendrán que ser analizadas conforme a la legislación vigente en el momento de la comisión de la conducta.

“Por eso hay una ventana de tiempo, en el sentido de que, si hoy empiezan a cometerse determinados tipos de conductas ilícitas, vendrá un periodo de investigación de las autoridades investigadoras, que serán la Auditoría Superior de la Federación y el OIC. Seguirá un momento de presentación de cargos ante un tribunal. No es que hoy estén ya armados los casos para llevar al tribunal, pero sería deseable que ya estuviera integrado”.

La autonomía, vital

Al plantearle que otro aspecto pendiente es el nombramiento del fiscal anticorrupción, Chávez Flores responde:

–El fiscal anticorrupción es una figura creada en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Ésta modificó, entre muchos artículos, el 102 para establecer que la hoy PGR migraría a ser un organismo constitucional autónomo denominado Fiscalía General Anticorrupción, dentro de la cual, entre otras fiscalías especializadas tendría una anticorrupción y otra de delitos electorales, y sus titulares serán nombrados y removidos libremente por el fiscal general.

Explica que la reforma de 2014 no ha entrado en vigor porque las disposiciones transitorias fijaron, como condición para el inicio de su vigencia, que el Congreso de la Unión expida una serie de normas, como la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de la Administración Pública Federal, pero ya pasaron cerca de tres años y medio y no se han emitido. Por eso sigue operando la procuraduría dependiente del Ejecutivo y no una fiscalía autónoma.

Sin embargo, en los transitorios de aquella reforma se fijó una regla provisional: que el Senado nombraría por única vez al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del fiscal anticorrupción. Pero esos transitorios también dicen que dichos funcionarios sólo estarán en funciones hasta el 30 de noviembre de 2018. El problema es que el Senado no lo hizo y ahora, si llega a nombrar alguno, solo le restarían 16 meses de funciones. En ese tiempo ningún funcionario puede consolidar una institución.

–¿Los fiscales que nombrará el Senado no pueden ser confirmados? –se le plantea a Chávez Flores.

–Esa será una decisión del fiscal general. Esta circunstancia es la que ha provocado la mayor crítica por las organizaciones y los candidatos que hemos comparecido.

“En lo personal dije explícitamente que sólo estaría en disposición de asumir el cargo si se reforma la Constitución para eliminar las restricciones que hoy tiene la figura del fiscal general. Los agentes del Ministerio Público experimentados y los policías no van a entrar a una aventura en una Fiscalía Anticorrupción que sólo va a estar unos meses en funciones, porque no da tiempo ni siquiera para integrar de manera adecuada una investigación.”

Considera que ese fiscal debería tener cuando menos un mandato de cuatro años y que el fiscal general no pueda removerlo libremente, porque eso le resta autonomía técnica y potencia para entrar de lleno a la investigación de casos de corrupción.

Además necesita investigar con autonomía e independencia técnica. “No quiere decir que esté proponiendo que la Fiscalía Anticorrupción sea autónoma, distinta a la Fiscalía General, pero debe tener una serie de reglas de autonomía técnica para desarrollar su trabajo adecuadamente”, aclara Chávez Flores.

–¿Que tipo de reglas de autonomía técnica necesita?

–Por ejemplo, que el fiscal general no pueda dar indicaciones respecto del contenido de una investigación, no pueda instruir al fiscal anticorrupción para que investigue o deje de investigar un asunto… tiene que hacerlo con libertad y con independencia técnica. Reglas que le permitan seleccionar a su personal. Hoy, la Ley Orgánica de la PGR y el acuerdo emitido por el procurador atribuye la función de elegir a los miembros de la fiscalía al procurador general, no al fiscal anticorrupción.

“Entonces, quien tendrá el poder respecto del contenido de las investigaciones seguirá siendo el procurador general y esto debe modificarse. Debe ser el fiscal anticorrupción quien tenga la posibilidad de elegir al personal policial que estará adscrito directamente, luego debe tener un cuerpo de peritos propio que le den soporte técnico a las investigaciones.”

Chávez Flores señala que en materias como la contable y financiera, que auxilian en las investigaciones de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, actualmente tienen que intervenir peritos adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales y a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de modo que el contenido sustantivo de la investigación sigue en manos de alguien distinto del fiscal anticorrupción.

“Si este tipo de trabajos sensibles sigue quedando en manos de la AIC, el fiscal anticorrupción no tendría el control del contenido de sus investigaciones”, enfatiza.

Insiste: “Todo esto no tiene sustento jurídico. Lo que dicen la Ley Orgánica y el Acuerdo del Procurador es que todas estas atribuciones le corresponden al procurador general. Entonces el fiscal anticorrupción, aunque sea electo por el Senado, dependerá ciento por ciento del procurador o del fiscal general”.

En su opinión, esto pone en duda la posibilidad de que la fiscalía anticorrupción cumpla las expectativas ciudadanas.

–¿Por qué no se le otorgaron esas facultades?

–Porque ésta es una reforma de febrero de 2014. Hace ya tres años que se reformó la Constitución y se determinó este diseño. Posteriormente vino una reforma anticorrupción, en mayo de 2015, la cual no entró a analizar de nuevo todo el diseño institucional de la FGR, sino solamente cómo iban a funcionar en sus interrelaciones los órganos que integrarían el SNA.

“Después de febrero de 2014 y mayo de 2015, este tipo de detalles técnicos operativos han sido materia de entendimiento de las organizaciones sociales y los legisladores. La decisión que deben tomar no es sobre quién ocupa la fiscalía, sino cómo tiene que funcionar para dar resultados, porque está claro que, así como está diseñada, aun cuando se designara al mejor mexicano en esa posición, estará atado de manos para realizar su trabajo.”

El debate sobre la Fiscalía Anticorrupción se ha enmarcado en otro mayor, acerca de cómo debe funcionar la próxima FGR, pues la reforma de 2014 sólo estableció que la PGR migraría con toda su forma de operación actual a ser un órgano constitucional autónomo.

A decir de Chávez Flores, no se hizo una revisión más profunda sobre las formulas constitucionales que deben incorporarse para transitar de un Ministerio Público de la Federación pobre en resultados y con poca credibilidad social, a un ente respetado y reconocido a la luz del Nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral Adversarial.

“Personalmente me siento entusiasta de que, contrario a la mayoría de las críticas públicas, el Senado no haya hecho la designación del fiscal anticorrupción, porque es mejor no tener uno que tener uno débil, según el marco vigente”, puntualiza.

“Esta crisis, a la que hemos llegado por inmovilidad legislativa, es un escenario propicio para que se hagan las reformas de fondo y después se designe a las personas que tendrían que estar al frente de las fiscalías.”