La Comisión de Justicia avaló la minuta para modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, desatando un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la sátira y la parodia.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, por 23 votos a favor de Morena y sus aliados y 10 en contra de las bancadas de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la minuta de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), cuyo propósito central es fortalecer las sanciones contra la piratería y el uso indebido de logotipos de instituciones gubernamentales para la comisión de fraudes, dictamen que fue remitido de inmediato a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno durante la sesión del próximo miércoles.
Desde su análisis previo en el Senado de la República, donde fue aprobada el pasado 30 de septiembre, los grupos parlamentarios de oposición argumentaron que la enmienda posee una ambigüedad intencional que deja abierta la puerta a la censura o la autocensura al castigar la parodia, la sátira y la crítica política. La diputada panista Paulina Rubio recriminó que los promotores se negaran a incluir un párrafo que blindara expresamente el ejercicio de la libertad de expresión frente al artículo 403 bis de la LFPPI, el cual sanciona el uso indebido de la identidad gráfica institucional con fines de engaño con penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes, calificando la propuesta como un intento gubernamental de censura y citando como ejemplo el caso de un caricaturista sancionado en Jalisco por violencia política de género. En el mismo sentido, el legislador priista Alejandro Domínguez advirtió sobre la incertidumbre jurídica generada al omitirse salvaguardas explícitas para el periodismo y la educación.
En respuesta a los cuestionamientos, la diputada morenista Karina Piceno rechazó los señalamientos de la oposición al calificar de falsas las versiones que bautizaron la iniciativa como ley antimemes, aclarando que el término no figura en el texto y que el único objetivo es actualizar una norma desfasada para erradicar la impunidad derivada de la exigencia previa de comprobar un ánimo de lucro en actos de piratería. Piceno aseveró que las acusaciones de censura son infundadas, puesto que para la configuración del delito deben concurrir obligatoriamente tres elementos específicos: el uso de identidad gráfica institucional o documentos oficiales, que la conducta se realice a escala comercial y que exista la intención dolosa de inducir a error o engaño para perpetrar un ilícito, cuestionando severamente la postura opositora ante el combate a la delincuencia.
Fuente: Cámara de Diputados / Debates legislativos | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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