De los diez funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la mayoría ha desaparecido de la escena pública, mientras que otros buscan refugio en el fuero legal o licencias temporales.
Este 6 de mayo de 2026 se cumple la primera semana desde que el Gobierno de Estados Unidos hiciera pública una investigación formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotráfico. Tras el impacto inicial de la noticia el pasado 29 de abril, el escenario actual se define por el hermetismo: la mayoría de los implicados han evitado apariciones públicas y han optado por estrategias legales que van desde la separación del cargo hasta el uso del fuero parlamentario.
Figuras clave como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, no han sido vistos ni han emitido declaraciones para deslindarse de los cargos. Lo mismo ocurre con altos mandos policiales y de la fiscalía, como Marco Antonio Almanzas y Jorge Contreras «Cholo», quienes permanecen fuera del radar público. Por su parte, Rubén Rocha Moya, tras calificar inicialmente los hechos como una «calumnia», solicitó licencia temporal la noche del 1 de mayo y desde entonces se desconoce su paradero exacto, aunque autoridades federales presumen que permanece en territorio sinaloense.
En la lista de bajas temporales se sumaron Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y recientemente Dámaso Castro Saavedra, quien solicitó licencia como Vicefiscal General del Estado este 5 de mayo. El único que ha decidido mantener su cargo es el senador Enrique Inzunza, quien se ampara en el fuero constitucional para evitar acciones legales inmediatas. Inzunza, quien asegura estar en Badiraguato, no se ha presentado en el Senado desde que estalló el escándalo, optando por una defensa a distancia a través de sus canales digitales.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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