Derivado del incremento en las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, corporativos alimentarios han acaparado adjudicaciones millonarias en el organismo migratorio.
El flujo de personas migrantes y connacionales deportados en el marco del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en un lucrativo negocio para proveedores gubernamentales afines a la actual administración federal. Investigaciones periodísticas revelaron que la empresa Operadora de Comedores Saludables, relacionada con el polémico empresario Jack Landsmanas —quien también ha enfrentado indagatorias financieras por sus nexos comerciales internacionales—, acumuló contratos por un monto superior a los 952.7 millones de pesos para la provisión de desayunos, comidas, cenas y box lunches en estaciones e instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).
En conjunto, diversas empresas proveedoras han captado más de mil 430 millones de pesos mediante adjudicaciones directas y concursos en el organismo migratorio bajo la gestión de Claudia Sheinbaum. El uso de estos recursos públicos destinados a la atención de la población en movilidad ocurre en medio de cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización y los antecedentes de los corporativos beneficiados, los cuales han acaparado contratos tanto en instituciones electorales como en sistemas penitenciarios y dependencias de seguridad del país.
Adjudicaciones presupuestales, antecedentes de los corporativos y las reacciones en torno a la centralización de proveeduría alimentaria en dependencias federales:
– Montos millonarios: La empresa ligada al corporativo de Landsmanas concretó contratos por 952.7 millones de pesos para dotar de raciones alimenticias a espacios migratorios.
– Contexto operativo: La atención a miles de deportados desde territorio estadounidense ha incrementado la demanda de servicios logísticos y de alimentación gestionados por el INM.
– Antecedentes corporativos: Diversas indagatorias señalan vínculos de los empresarios con redes de proveeduría investigadas previamente por triangulaciones financieras y contratos públicos.
– Escrutinio institucional: Organizaciones civiles han exigido mayor transparencia en la asignación de recursos destinados a la atención de flujos migratorios en las fronteras del país.
Las autoridades hacendarias y los órganos fiscalizadores mantienen bajo revisión los tabuladores de contratación para verificar el cumplimiento de los estándares normativos en la entrega de suministros.
Fuente: Reportes de investigación / INM / Medios Nacionales | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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