El Tribunal de Disciplina Judicial determinó que el juzgador incurrió en faltas graves y «errores inexcusables» al evitar la detención del exmandatario y proteger sus derechos políticos ilegalmente.
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) hizo pública la inhabilitación por un año del juez federal Fernando “A”, tras acreditarse que sus actuaciones favorecieron de manera sistemática al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El organismo señaló que el juzgador emitió resoluciones que no solo contravinieron la ley, sino que ignoraron pruebas esenciales para evitar que el político panista fuera detenido o perdiera sus derechos electorales.
Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión, aclaró que la sanción no castiga el criterio jurídico del juez, sino el desacato frontal a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según el análisis, el juzgador otorgó suspensiones definitivas con efectos restitutorios de forma irregular, incluso obligando a autoridades municipales a emitir constancias de residencia sin verificar que el quejoso realmente habitara en el lugar.
Actuación sistemática y desvío de la legalidad
El expediente detalla que el sancionado actuó con una «notoria ineptitud» al blindar no solo al exgobernador, sino también al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la misma entidad, impidiendo que fuera separado de su cargo o sujeto a procedimientos administrativos. En un caso crítico, el juez concedió una suspensión para que Cabeza de Vaca no fuera considerado prófugo de la justicia, permitiéndole mantener a salvo sus derechos político-electorales a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra.
La Comisión determinó que estas faltas no fueron hechos aislados, sino un esquema de trabajo que impactó incluso en decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Mensaje contra la impunidad judicial
Debido a que el juez ya había sido dado de baja en agosto de 2025, la sanción se centró en la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público o participar en licitaciones y servicios con el Estado. León Tovar enfatizó que este tipo de conductas lesionan la confianza en el Poder Judicial y reiteró que la legalidad debe ser el único límite de los impartidores de justicia, advirtiendo que no habrá privilegios de jerarquía ante transgresiones evidentes a la norma.
Fuente: TDJ, Poder Judicial, Agencias | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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