La UIF aplicó restricciones financieras a hijos, hermanos y exdirectivos del organismo electoral vinculados a la red de proveeduría irregular.
Las indagatorias en torno a la red de corrupción detectada durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala en el Instituto Nacional Electoral (INE) escalaron al ámbito financiero, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el congelamiento de cuentas bancarias de familiares cercanos que ocupaban cargos públicos en la administración de Sonora, encabezada por Alfonso Durazo. La medida restrictiva alcanzó a Luis Rogelio Piñeda Taddei —quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador y presentó su dimisión— y a su tío Humberto Taddei Zavala, exfuncionario de la televisora pública estatal.
Asimismo, las acciones de fiscalización federal comprendieron las finanzas de los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados como los principales beneficiarios de contratos irregulares en el organismo autónomo, así como de ocho exdirectivos y funcionarios del INE que ocupaban áreas estratégicas de administración, informática y recursos financieros. Las investigaciones ministeriales y hacendarias continúan profundizando en el flujo de recursos públicos triangulados mediante empresas fachada y prestanombres vinculados a la cúpula electoral.
Acciones de fiscalización, bloqueos patrimoniales y las repercusiones administrativas en las estructuras gubernamentales estatales y federales:
– Restricciones financieras: La UIF procedió al bloqueo de cuentas de los familiares directos de la exconsejera y de empresarios vinculados a la proveeduría del instituto.
– Bajas en el servicio público: Derivado de las medidas hacendarias, funcionarios adscritos al gobierno de Sonora optaron por separarse de sus cargos administrativos.
– Exdirectivos investigados: El congelamiento abarcó a exresponsables de áreas clave de administración, recursos materiales, servicios informáticos y fiscalización del INE.
– Cruzada contra la corrupción: Las instituciones de procuración de justicia federales mantienen la integración de expedientes por probables delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido.
Los órganos de control gubernamental supervisan el desahogo de las pruebas contables para definir las responsabilidades jurídicas definitivas de los implicados.
Fuente: UIF / Investigaciones Periodísticas / Milenio / Proyecto Puente | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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