En coordinación con la Asociación de Bancos de México, la dependencia federal emitió una guía técnica que obliga a las instituciones bancarias a rastrear flujos y transferencias móviles atípicas vinculadas a chantajes carcelarios.
Los mecanismos de fiscalización del sistema bancario nacional endurecieron sus protocolos para combatir el financiamiento de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coadyuvanza con la Asociación de Bancos de México (ABM), oficializó el lanzamiento de una guía regulatoria diseñada para que las instituciones bancarias rastreen y bloqueen las cuentas utilizadas para captar el dinero de extorsiones cometidas desde los centros penitenciarios.
El documento normativo establece lineamientos específicos para el monitoreo del perfil transaccional de los usuarios, enfocándose en mitigar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Los análisis forenses de la UIF detectaron que los grupos delictivos procesan las ganancias de los chantajes telefónicos mediante una movilización acelerada de capitales a través de aplicaciones de banca móvil, herramientas digitales que concentraron el 70 por ciento de los movimientos financieros bajo investigación criminal.
De acuerdo con las disposiciones hacendarias, los Oficiales de Cumplimiento de cada firma bancaria contarán con un plazo perentorio de 60 días naturales para presentar este esquema de supervisión ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para su aprobación formal. Una vez validada, la banca comercial dispondrá de un periodo idéntico para asimilar las alertas automáticas dentro de sus sistemas informáticos y reportar de forma inmediata cualquier transferencia con conceptos recurrentes o retiros atípicos en ventanillas.
La implementación de este manual técnico atiende de igual manera a los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de lavado de dinero. Las autoridades federales enfatizaron que al desarticular la red de prestanombres y cuentas digitales que reciben los fondos ilícitos, se neutraliza la capacidad operativa de las bandas dedicadas a amagar a los ciudadanos desde los reclusorios, asfixiando sus flujos de capital antes de que se integren a la economía formal.
Fuente: SHCP | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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